La principal amenaza para la democracia no es necesariamente el populismo, la polarización, la corrupción, la penetración del crimen organizado o la simplificación del debate público. Aunque todos constituyen desafíos que requieren atención prioritaria, existe una amenaza más profunda y silenciosa, el desencanto ciudadano, la frustración acumulada y la pérdida progresiva de expectativas respecto de la capacidad de la democracia para ofrecer respuestas a los problemas colectivos.
No se trata de minimizar aquellos fenómenos. Algunos encuentran precisamente en esa frustración las condiciones que favorecen su expansión. Cuando las instituciones dejan de representar una esperanza de solución, comienzan a prosperar discursos que ofrecen respuestas inmediatas, incluso a costa de las garantías que sostienen nuestra convivencia democrática. Pierre Rosanvallon, al desarrollar la noción de lo impolítico, advierte sobre el debilitamiento de nuestra capacidad para construir una comprensión compartida de los problemas y articular colectivamente un horizonte de futuro. La política pierde entonces su dimensión constructiva y queda reducida a la confrontación, la desconfianza y la impugnación permanente.
Es probablemente uno de los síntomas más preocupantes de nuestro tiempo, sociedades que conservan sus instituciones democráticas, pero comienzan a perder la convicción de que, mediante ellas, resulta posible transformar la realidad. A esta crisis contribuye el deterioro de la deliberación pública. Resulta paradójico que, disponiendo de un acceso al conocimiento y a la información sin precedentes, buena parte de nuestros representantes parezca conformarse con opinar sobre los problemas públicos, casi como observadores externos, en lugar de fundamentar sus posiciones y asumir la responsabilidad de construir soluciones.
La reflexión crítica de Umberto Eco sobre la sociedad de la comunicación adquiere aquí especial pertinencia. La multiplicación de las voces no garantiza una conversación pública más inteligente. La opinión, cuando prescinde del conocimiento, la evidencia y la responsabilidad, puede terminar desplazando al argumento. Observamos así una política atrapada entre silos ideológicos anacrónicos, estructuras tribales autocomplacientes y liderazgos que orbitan alrededor de la reafirmación de sus propias convicciones. Una sucesión de espectáculos de confrontación personal, muchas veces vacíos de contenido, donde parece importar más derrotar al adversario que comprender las necesidades de la ciudadanía.
Se agrega la percepción de una creciente subordinación del bien común a intereses particulares, disputas de poder y cálculos electorales que pocas veces se traducen en mejores condiciones de vida. En su reciente Carta a los políticos, el cardenal Fernando Chomali recuerda que la política constituye una noble vocación de servicio, cuya legitimidad descansa en la búsqueda del bien común. Su reflexión contiene una advertencia especialmente pertinente: reconstruir la confianza exige que quienes ejercen responsabilidades públicas vuelvan a hacerse dignos de ella. Una consideración que trasciende las convicciones religiosas y nos interpela desde una ética republicana de la responsabilidad. Porque la confianza no se recupera mediante campañas comunicacionales ni apelaciones retóricas. Se reconstruye con coherencia, probidad, cumplimiento de compromisos y, fundamentalmente, resultados.
Aquí aparece uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: recuperar la legitimidad democrática mejorando su capacidad de respuesta, sin sacrificar los principios que la sostienen. La democracia no puede pedirles a los ciudadanos paciencia ilimitada para resolver sus problemas, pero tampoco puede ofrecerles soluciones que, en nombre de la urgencia, terminen privándolos de sus libertades.
La frustración puede transformarse en terreno fértil para liderazgos que prometen eficacia mediante la concentración del poder, la relativización de los controles institucionales o el debilitamiento del Estado de derecho. Es una tentación peligrosa. Cuando las personas sienten que las instituciones no resuelven sus problemas, pueden comenzar a considerar que los procedimientos democráticos constituyen obstáculos prescindibles. Sin embargo, una democracia que renuncia a sus límites institucionales en nombre de la eficacia termina comprometiendo aquello que pretende defender. La respuesta no puede consistir en elegir entre democracia y resultados. Debemos construir instituciones capaces de ofrecer ambas cosas.
Ello requiere una agenda profunda de modernización del Estado, orientada a mejorar la productividad pública, simplificar procedimientos innecesarios, fortalecer capacidades institucionales e incorporar sistemas de gestión por resultados que permitan evaluar no solamente cuánto se gasta, sino qué transformaciones concretas producen las políticas públicas en la vida de las personas. Desde la perspectiva del buen gobierno desarrollada por Rosanvallon, la legitimidad democrática no puede agotarse en el momento electoral. Necesita renovarse permanentemente mediante responsabilidad, rendición de cuentas, legibilidad de las decisiones y capacidad efectiva de respuesta.
Un Estado moderno debe ser transparente, pero también comprensible; eficiente, pero igualmente justo; técnicamente competente, sin perder proximidad con las personas y sus territorios. En este propósito, la inteligencia artificial representa una oportunidad extraordinaria. Su capacidad para procesar información, anticipar escenarios y contribuir a decisiones basadas en evidencia puede transformar significativamente la gestión pública.
Pero debemos evitar una nueva forma de nihilismo mecanizado, donde la tecnología termine sustituyendo el juicio político, la deliberación democrática y la responsabilidad humana. Gobernar supone interpretar necesidades, comprender aflicciones, reconocer aspiraciones y ponderar valores que no siempre pueden reducirse a indicadores o algoritmos. La tecnología debe ampliar nuestras capacidades humanas, no vaciar de humanidad la acción pública. Igualmente importante resulta avanzar hacia gobernanzas colaborativas, descentralizadas y territorialmente pertinentes, capaces de involucrar efectivamente a la ciudadanía, las universidades, las organizaciones sociales y el sector productivo en la construcción de soluciones. La participación debe superar su carácter meramente consultivo para convertirse en una capacidad institucional que permita articular conocimientos, recursos y voluntades en torno al bienestar colectivo.
Y necesitamos recuperar la calidad de la deliberación pública. Jürgen Habermas nos recuerda, desde su concepción deliberativa de la democracia, que la legitimidad también se construye mediante procesos de entendimiento sustentados en razones, donde los argumentos puedan ser examinados libremente. La política necesita transitar desde la opinión hacia la fundamentación; desde la consigna hacia la propuesta; desde la descalificación hacia el contraste de argumentos y evidencias. No significa renunciar a las convicciones, sino someterlas al ejercicio responsable de la razón pública. Especialmente importante resulta el ejemplo que estamos entregando a las nuevas generaciones.
¿Cómo podemos esperar que los jóvenes se entusiasmen con la política si permanentemente les mostramos una actividad dominada por descalificaciones, intereses particulares y disputas incapaces de producir soluciones? ¿Cómo pedirles confianza en las instituciones si no demostramos que constituyen instrumentos eficaces para mejorar sus oportunidades? Recuperar su entusiasmo exige mucho más que invitarlos a participar. Requiere ofrecerles razones para creer que vale la pena hacerlo. Necesitamos representantes conscientes de que ejercer el poder constituye, antes que un privilegio, una responsabilidad ética con la sociedad. Liderazgos capaces de cuidar las instituciones, respetar el Estado de derecho y comprender que la autoridad democrática encuentra su justificación más profunda en el servicio a las personas.
La democracia no se fortalece únicamente defendiéndola de sus amenazas. También necesita demostrar, cotidianamente, que es capaz de responder a los anhelos y aflicciones de quienes depositan en ella sus esperanzas. Quizás el desafío político más importante de nuestra generación sea precisamente, devolverle a la democracia su capacidad de despertar esperanza. Porque cuando una sociedad deja de creer que puede transformar pacífica, colectiva e institucionalmente su futuro, no solamente se debilita la política. Comienza a erosionarse la convicción de que vale la pena construir juntos. Y ninguna democracia puede sostenerse indefinidamente sobre la resignación de sus ciudadanos.
* Augusto Parra Ahumada, ingeniero comercial, Postítulo en Ciencias Políticas, presidente de la Fundación República en Marcha
