Hay situaciones que una persona que trabaja en salud, no olvida fácilmente. La familia que no sabe qué hacer cuando uno de sus integrantes atraviesa una crisis. Alguien que necesita atención especializada en salud mental y debe esperar. Una persona que sale del hospital luego de compensarse de una crisis y cuyos cuidados, en lugar de continuar de manera coordinada, quedan sujetos a las posibilidades de una red que no siempre logra responder.
Quienes hemos trabajado durante años en salud mental y psiquiatría conocemos estas realidades. No corresponden a cifras de un informe ni frases hechas para una campaña. Son experiencias humanas que se repiten una y otra vez y que obligan a hacerse algunas preguntas incómodas: si sabemos que la salud mental es una de las grandes preocupaciones de los chilenos, ¿por qué seguimos teniendo tantas dificultades para responder a quienes necesitan ayuda? ¿cuántas familias más deberán pasar días en la incertidumbre de cómo ayudar a su hijo, padre, hermano que está sufriendo una crisis?
Los resultados de una investigación del Health Service Report 2025 (1), de la agencia Ipsos, nos entrega un dato revelador. El 68 % de las personas que se encuestaron en Chile, ha identificado la salud mental entre los principales problemas de salud del país. Este dato es muy revelador; corresponde al porcentaje más alto entre los países incluidos en el estudio. No significa que ese porcentaje de la población tenga una enfermedad mental; da cuenta que la preocupación está instalada y los chilenos esperamos respuestas de quienes están encargados del desarrollo y puesta en marcha de las políticas públicas.
Lo que ocurre con la población adolescente, nos agrega otra señal de alerta. Los resultados de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia de 2024 (2), publicados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mostraron que se detectó síntomas moderados o severos de ansiedad o depresión en el 33,9 % de las mujeres y el 19,5 % de los hombres de entre 14 y 18 años, que fueron evaluados. Dicho estudio se realizó utilizando un instrumento de tamizaje que detectó síntomas, no diagnósticos clínicos. Sería un error restarle importancia a estos resultados mientras esperamos que el problema se vuelva más evidente.
Porque, precisamente, ahí se radica una de nuestras principales dificultades en salud mental: observamos con demasiada frecuencia que la respuesta llega cuando el sufrimiento ya se instaló y se ha agravado. Las acciones de prevención pierden terreno frente a la urgencia. Las familias se enfrentan a buscar soluciones sin saber, a ciencia cierta, a qué puerta llamar. Por otra parte, los equipos de salud deben hacer frente a necesidades, cada vez más complejas, en condiciones que no siempre les permiten entregar la atención que las personas requieren.
No basta con hablar de salud mental en los medios de comunicación o en las redes sociales. Tampoco basta con reconocerla en una ley, organizar jornadas de sensibilización o publicar resultados de investigaciones que arrojan cifras preocupantes. Todo eso puede servir, pero también es necesario establecer que la posibilidad de acceder a una atención oportuna, recibir un tratamiento adecuado y contar con acompañamiento cuando más se necesita es lo necesario para avanzar concretamente en este tema.
La Ley 21.331 de Chile, publicada el 11 de mayo de 2021(3),regula el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental. Esta Ley, representó un avance al establecer garantías para el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental. La pregunta es que, si luego de transcurridos más de cinco años, hemos respondido al desafío de que esos derechos se expresan en la experiencia cotidiana de los usuarios y sus familias. Un derecho que no encuentra una respuesta efectiva corre el riesgo de quedarse sólo escrito en el papel.
Como una manera de avanzar en el tema, resulta indispensable destacar el rol de los profesionales que sostienen la asistencia, en particular de las enfermeras que laboran en salud mental y psiquiatría, cuya contribución clínica trasciende la mera administración de medicamentos y el monitoreo de los pacientes. Incluye construir vínculos terapéuticos, reconocer señales de alerta, prevenir crisis, acompañar a las familias y contribuir a que los cuidados no se interrumpan cuando una persona pasa de un servicio a otro.
Es un trabajo que exige, sin lugar a dudas, de conocimientos específicos, experiencia y preparación. Y, sin embargo, Chile todavía tiene pendiente el reconocimiento formal de la Especialidad de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría. No se trata acá de crear privilegios para un grupo profesional. Se trata de preguntarnos concretamente si, como país, estamos utilizando todas las capacidades disponibles para enfrentar un problema que la propia ciudadanía considera como prioritario. Cuando la necesidad de atención se hace evidente, desaprovechar competencias especializadas no tiene sentido.
Claramente, el que se reconozca esta especialidad no va a resolver por sí solo las listas de espera, la falta de recursos ni las dificultades de coordinación entre los servicios. Nadie puede sostener seriamente que una sola medida solucionará un problema de esta magnitud. Pero avanzar en su reconocimiento, la definición de su ámbito de competencias, los estándares de formación a nivel de las universidades para luego incorporar esas capacidades de manera efectiva en la red sanitaria son pasos que, en Chile no se deberían seguir postergando. La experiencia internacional ofrece antecedentes sobre la contribución de la enfermería especializada a la calidad de los cuidados, la continuidad de la atención y la respuesta a las necesidades de las personas con problemas de salud mental. Estos antecedentes merecen ser considerados en la discusión sobre el reconocimiento de la especialidad en Chile.
También, se hace necesario, trabajar en el fortalecimiento de la atención comunitaria, mejorar el acompañamiento después de las hospitalizaciones y entregar orientación a las familias. La salud mental no se reduce a lo que se hace en una consulta o una sala de hospital. Se juega en la vida cotidiana, en la posibilidad de pedir ayuda a tiempo y en la existencia de una red que no desaparezca cuando termina una intervención. Después de muchos años de trabajo en este ámbito, en diferentes roles, hay algo que resulta difícil aceptar: que se reconozca ampliamente el sufrimiento de las personas, pero que las respuestas sigan llegando tarde o no alcancen a cubrir sus necesidades.
Chile ya sabe que la salud mental sí importa. No tan solo lo muestran las encuestas. Lo viven las familias y los equipos de salud lo enfrentan en el día a día. La pregunta, ahora, ya no es si debemos estar preocupados. La pregunta es cuánto estamos dispuestos a cambiar para responder de verdad. Una política de salud mental no se mide por las declaraciones, sino por lo que pasa cuando alguien necesita o pide ayuda. Ahí, y no en el discurso, se mide el valor real de nuestra preocupación.
* Jorge Luis Vergara Salas, enfermero UdeC, Mg Gestión y Dirección Estratégica en Salud USS





