El patio del colegio ya no es sólo un lugar de encuentro: se ha convertido en un termómetro social que revela una verdad incómoda. La violencia escolar no nace en la escuela, se manifiesta en ella. Y en ese tránsito, la pregunta ya no es sólo pedagógica, sino profundamente ética: ¿quién responde cuando un niño daña a otro? El debate legislativo que hoy cruza Chile, orientado a establecer sanciones económicas y formación obligatoria para padres en casos de bullying, no es un exceso punitivo. Es, más bien, un intento tardío por restituir un principio básico: toda acción tiene consecuencias. Durante años hemos descansado en la escuela como si fuese el único espacio formador, olvidando que la primera educación ocurre en el hogar. Como advierte la UNESCO (2023), la formación en valores es una tarea compartida donde la familia cumple un rol insustituible.
Sin embargo, es necesario ser rigurosos: asumir la responsabilidad civil de los padres no puede entenderse solo como castigo económico. Si así fuera, reduciríamos un problema formativo a una transacción. La evidencia internacional muestra que las políticas más efectivas combinan responsabilidad con acompañamiento. La OCDE (2022) ha señalado que los sistemas que logran mejores niveles de convivencia escolar son aquellos que integran activamente a las familias en procesos formativos, incluyendo programas obligatorios de orientación parental.
Pero evadir la sanción sería aún más problemático. En Chile, el aumento sostenido de denuncias por violencia escolar —reportado por la Agencia de Calidad de la Educación (2025)— no admite lecturas complacientes. Cuando un estudiante agrede, hay un daño concreto: físico, emocional, comunitario. Y ese daño debe ser reparado. La responsabilidad civil de los padres, incluyendo indemnizaciones y multas en casos de negligencia, no sólo restituye a las víctimas, sino que envía una señal clara: la crianza no es un acto privado sin consecuencias públicas.
Aquí emerge una convicción que incomoda, pero que resulta necesaria: no hay escuela segura sin familias responsables. La formación en límites, respeto y convivencia no puede delegarse al profesor como si fuese una tarea subsidiaria. La escuela enseña, orienta y transforma, pero no reemplaza el hogar. Cuando la familia abdica de su rol, la escuela queda sola, intentando reparar lo que nunca debió romperse. Por ello, la reforma en discusión debe avanzar con decisión. Multas, indemnizaciones y formación obligatoria no son medidas extremas; son herramientas para reconstruir una alianza educativa que hoy está debilitada. No se trata de castigar por castigar, sino de educar también a quienes educan.
Si queremos escuelas protegidas, debemos comenzar por hogares comprometidos. Porque educar no es solo un derecho: es una responsabilidad que, cuando se elude, también debe responderse.
* Juan Pablo Catalán, académico e investigador de Educación U. Andrés Bello
