En tiempos donde la política suele extraviarse entre trincheras discursivas y maximalismos estériles, el proyecto de reconstrucción miscelánea, impulsado por el gobierno, abre –con matices y tensiones propias– un espacio que merece ser analizado con mayor serenidad. No por complacencia, sino por responsabilidad republicana. Porque cuando el diálogo produce mejoras sustantivas, corresponde decirlo con claridad. Uno de los elementos más relevantes ha sido, sin duda, la apertura al diálogo con sectores como el Partido de la Gente. En un ecosistema político fragmentado, esta disposición no es menor, evidencia que aún es posible articular acuerdos pragmáticos en torno a prioridades concretas. La incorporación de medidas como la reducción del IVA a medicamentos y pañales responde a demandas sociales ampliamente compartidas, aliviando el costo de la vida en ámbitos especialmente sensibles para las familias.
Sin embargo, el valor de esta iniciativa no se agota en lo social inmediato. La mantención de beneficios tributarios diferenciados para las PYMEs constituye una señal estratégica para la economía real. En un país donde estas empresas concentran una proporción significativa del empleo, preservar condiciones que favorezcan su sostenibilidad no es solo una decisión técnica, sino una definición política orientada al crecimiento con inclusión. A ello se suma un conjunto de medidas que, correctamente implementadas, pueden fortalecer la inversión y dinamizar la economía. La introducción de mecanismos de invariabilidad para proyectos superiores a 50 millones de dólares apunta directamente a uno de los déficits estructurales de nuestra institucionalidad económica. La incertidumbre, la certeza jurídica no es un privilegio del gran capital; es un requisito básico para cualquier ecosistema de inversión saludable. En ese sentido, esta herramienta puede transformarse en un incentivo potente para destrabar iniciativas que hoy se encuentran en pausa.
Complementariamente, la rebaja del impuesto corporativo se inscribe en una lógica de competitividad internacional. Chile compite por capitales en un entorno global cada vez más exigente, y desconocer esta realidad sería un error estratégico. La clave, sin embargo, estará en equilibrar este tipo de medidas con una trayectoria fiscal responsable que asegure sostenibilidad en el tiempo. En este marco, resulta particularmente relevante el cumplimiento del programa en materia de eliminación de contribuciones para adultos mayores en su primera vivienda. Más allá de su impacto económico directo, esta medida rescata un principio que no debería perderse en el debate público, la importancia de las políticas universales. Aquellas que, al reconocer la igualdad jurídica de los ciudadanos, evitan sesgos y discriminaciones, fortaleciendo así la cohesión social y la legitimidad democrática.
Es necesario celebrar por una parte la creatividad y la innovación de las medidas de beneficios fiscales transitorios en la búsqueda de un impacto en la recaudación que contribuya a la reconstrucción material en las zonas de catástrofe. No obstante, sería un error considerar este proyecto como un punto de llegada. Por el contrario, debe ser entendido como una plataforma para profundizar acuerdos en áreas donde aún persisten brechas significativas. La modernización del Estado aparece aquí como una prioridad ineludible. No se trata simplemente de reducir el gasto público, sino de hacerlo más eficiente, orientado a resultados y centrado en la creación de valor público. La sostenibilidad fiscal no se logrará únicamente por la vía de mayores ingresos, sino también mediante una gestión más inteligente de los recursos disponibles.
En esa línea, fortalecer capacidades técnicas que aporten evidencia sólida al proceso legislativo resulta fundamental. La convergencia fiscal y la reducción del déficit no pueden ser consignas vacías; deben sustentarse en diagnósticos rigurosos y en políticas evaluables. Con todo, el desafío más complejo no es técnico, sino político y comunicacional. Existe un amplio espacio de mejora en la forma en que estas iniciativas son explicadas y defendidas ante la ciudadanía. La desinformación encuentra terreno fértil cuando el Estado no logra construir relatos claros, coherentes y comprensibles. Aquí, la reflexión de Pierre Rosanvallon sobre el buen gobierno, adquiere plena vigencia: se requiere mayor “legibilidad” de la acción pública, es decir, que las decisiones sean inteligibles, justificables y transparentes para la ciudadanía.
La gobernabilidad no se decreta; se construye. Y se construye sobre la base de acuerdos amplios, responsabilidad política y una genuina disposición a escuchar. La responsividad, esa capacidad de los gobiernos de adaptarse a las demandas sociales sin perder coherencia debe ir de la mano con una mayor eficacia legislativa, sustentada siempre en evidencia sólida. Chile no necesita unanimidades artificiales, pero sí acuerdos inteligentes. Este proyecto, con sus virtudes y limitaciones, ofrece una oportunidad para avanzar en esa dirección. Aprovecharla dependerá de la madurez de nuestra dirigencia y de su capacidad para anteponer el bien común por sobre la conveniencia inmediata.
* Augusto Parra Ahumada, ingeniero comercial, Postgrado en Ciencias Políticas UdeC.
Presidente de la Fundación República en Marcha
