El excandidato y actual Gobernador del Biobío, Sergio Alejandro Giacaman García, ha interpuesto una querella criminal por delito de injurias graves contra la exdirectora y el actual director del medio digital «El Ciudadano», a raíz de una publicación realizada en redes sociales durante la segunda vuelta de las elecciones regionales de 2024.
El libelo judicial, una acción penal privada, se presentó ante el Juzgado de Garantía de Concepción y apunta a la periodista Josefa Barraza Díaz, quien ejercía como directora del medio al momento de la publicación, y al abogado Javier Pineda Olcay, director actual, puesto que la imputación se mantiene visible hasta la fecha.
La Acusación: «Malversación y Abuso de Niños Vulnerables»
Según la querella, patrocinada por los abogados Fernando Saenger Gianoni y Roberto Coloma Del Valle, los hechos se remontan al 20 de noviembre de 2024, en plena contienda electoral que enfrentaba a Giacaman con el exsenador Alejandro Navarro Brain.
La polémica reside en una publicación difundida por «El Ciudadano» en su cuenta de Instagram que, refiriéndose a Sergio Giacaman, expresaba la grave imputación:
«Responsable de Malversación y abuso de niños vulnerables en CATIM»
La defensa del Gobernador sostiene que esta frase constituye una injuria grave, realizada «con manifiesto ánimo de injuriar» y con la «finalidad evidente de favorecer electoralmente» al contendor político de Giacaman.
La Trayectoria del Querellante y el Daño al Honor
En el documento, los abogados destacan la «reconocida trayectoria personal, profesional y política» del Gobernador Giacaman. Se detalla su paso como Director Ejecutivo del Hogar de Cristo, Subgerente de Responsabilidad Social en ESSBIO y Delegado Presidencial, además de su cargo actual, al cual fue electo por «amplia mayoría».
Un punto clave de la querella es el vínculo de la imputación con la Corporación CATIM, descrita como una persona jurídica sin fines de lucro con más de 30 años de trayectoria en programas de inserción social para niños y adolescentes vulnerables. La acusación de «malversación y abuso» en este contexto, aseguran, ha provocado un «daño difícil de dimensionar» en el ámbito personal, familiar y profesional del Gobernador.
Los querellantes argumentan que la gravedad de la injuria se sustenta no solo en su contenido, sino también en el contexto electoral en el que se profirió, buscando abiertamente perjudicar la candidatura de Giacaman.
Marco Legal: Colisión entre Honra y Libertad de Expresión
La acción legal invoca el derecho constitucional a la honra y a la protección de la vida privada (Art. 19 N° 4 de la Constitución Política y tratados internacionales).
Los abogados citan jurisprudencia reciente de la Corte Suprema que establece que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y debe ejercerse «con respeto a la dignidad y honra de las personas».
Legalmente, la querella se fundamenta en los artículos 416, 417 y 418 del Código Penal, que tipifican la injuria, la injuria grave y las injurias graves hechas por escrito y con publicidad, delito que puede ser castigado con reclusión menor y multas.
Además, se aplica la Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión, que en su artículo 39 establece la responsabilidad penal del director del medio de comunicación por los delitos cometidos a través de este, lo que justifica la inclusión de la directora de la época y el actual responsable.
La querella busca que se declare la responsabilidad de ambos querellados y se les condene al máximo de las penas establecidas por la ley.
Diligencias y Pruebas
Para sustentar su caso, la parte querellante ha solicitado al tribunal diversas diligencias, incluyendo:
- Citación a declarar como testigos al exsenador Alejandro Navarro Brain (el competidor electoral de Giacaman), Paula Chapela Godoy y Juan Andrés Aravena Bustamante.
- Presentación de un Acta Notarial del 19 de diciembre de 2024, que certifica la existencia y contenido de la publicación injuriosa en Instagram.
La audiencia de control de esta acción penal privada está programada para hoy, donde el tribunal deberá evaluar la admisibilidad de la querella y fijar el curso del procedimiento.
SOJ
