Anuar Quesille, Defensor de la Niñez, sostuvo que bajo ninguna circunstancia se deben conceder beneficios a quienes han cometido delitos sexuales. Cuestionó la determinación del Ministerio de Justicia y que sea invocada una doctrina de la Corte Suprema como «regla general vinculante». Durante el programa la primera edición de Radioanálisis, Quesille abordó la determinación del Gobierno de otorgar rebajas de condenas a delincuentes sentenciados por delitos sexuales contra niños y adolescentes (NNA).
Enfatizó que es “improcedente desde el punto de vista de la protección de los derechos de niños y adolescentes”, la decisión del Ministerio de Justicia en este caso. “Pese a las facultades que tiene el Ejecutivo de otorgar estos beneficios, hay una norma expresa que precisamente prohíbe, en los casos de los delitos más graves cometidos contra niños y adolescentes, aplicar dichas rebajas de condena”, explicó el defensor. Aseguró que desde la existencia de esta ley, en 2022, tanto el Gobierno de Sebastián Piñera como el de Gabriel Boric rechazaron estas peticiones.
“Cuando la solicitud era rechazada, las defensas de estas personas condenadas recurrían a los tribunales de justicia mediante recursos de amparo, para que fueran los tribunales quienes determinaran si procedía o no el beneficio. Ésa es la lógica”, argumentó. La autoridad expuso que ése fue el criterio que la administración de José Antonio Kast modificó. “Ahora, las personas condenadas por delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes no tienen que ir a los tribunales de justicia a pelear ese beneficio, sino que derechamente se está otorgando cuando se recurre ante las autoridades del Poder Ejecutivo”, aseveró.
Según Quesille, el Gobierno apeló a una “doctrina de la Suprema” para otorgar estas rebajas. “Cuando se habla por parte del ministro de Justicia de que esto es el seguimiento de una doctrina judicial, como si fuera una regla general vinculante, esto no se condice con nuestro sistema. ¿Por qué? Porque el Ministerio, el Poder Ejecutivo, puede perfectamente discrepar de los criterios fijados por las cortes y construir su propia argumentación y defenderla”, agregó. A continuación, dijo que “cuando se presentaban estos recursos de amparo, los abogados del Ministerio de Justicia, tanto del Gobierno del presidente Piñera como del ex Presidente Boric, iban a pelear el criterio para denegar los beneficios a personas condenadas por delitos sexuales”.
Asimismo, puso en duda que exista un “precedente” en esta materia en el Poder Judicial. “Si uno hace una revisión muy rápida de casos durante este año, puedo dar cuenta de al menos unas 10 sentencias donde los tribunales de justicia han denegado el beneficio a personas condenadas. Es importante tener en cuenta que la jurisprudencia de los tribunales, en este caso, no es unánime. No se han otorgado beneficios en el 100% de los casos. La jurisprudencia, todo lo contrario, no ha sido estática”, afirmó Quesille. Entonces, llamó al Ejecutivo a “reconsiderar este criterio, seguir la línea que gobiernos anteriores han seguido y dar la pelea en los tribunales de justicia”.
Consultado por las acciones que realizará el organismo, Quesille manifestó que la Defensoría de la Niñez no es “la Contraloría General de la República, no vamos a revisar cada uno de los antecedentes para ver si en este caso estaba bien o estaba mal, porque nuestra postura es clara. En este caso, para la Defensoría de la Niñez, bajo ninguna circunstancia procede la concesión de beneficios para personas condenadas por delitos sexuales”, finalizó.
