Un profundo análisis del Centro de Estudios Públicos (CEP) ha puesto cifras alarmantes al costo oculto que las intrincadas trabas regulatorias imponen sobre el dinamismo empresarial y el crecimiento económico de Chile. La conclusión es contundente: la «permisología» no solo enreda los procesos, sino que drena la vitalidad de la inversión y la eficiencia del capital.
Región del Biobío: futuro de crecimiento limitado
La región del Biobío se ha convertido en un ejemplo palpable de cómo la excesiva burocracia y la lentitud en la tramitación de permisos ambientales estrangulan el potencial de inversión. Un análisis revela un brutal retraso promedio de 1.657 días en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en la zona, una cifra alarmante que supera en 586 días el ya preocupante promedio nacional de 1.071 días. Este laberinto burocrático no solo posterga la materialización de proyectos cruciales, sino que en algunos casos, condena iniciativas a una agonizante espera de hasta 11 años para obtener la luz verde.
Radiografía de una Demora Paralizante:
- Liderazgo Negativo en Tramitación de EIA: Biobío ostenta el lamentable primer lugar a nivel nacional en cuanto a la lentitud de la tramitación de los Estudios de Impacto Ambiental, con una media de 1.657 días por proyecto.
- Brecha Abismal con el Promedio Nacional: La demora regional excede en 586 días el promedio del país, que se sitúa en 1.071 días, evidenciando una problemática particularmente aguda en la zona.
- Energía Sofocada por la Burocracia: El sector energético en Biobío sufre especialmente este cuello de botella administrativo. La tramitación de EIA para proyectos relacionados con la energía alcanza un promedio de 1.958 días, más del doble del promedio nacional para este sector.
- Otros Permisos en la Lenta Fila: La permisología no se limita a los EIA. Otros permisos esenciales, como los otorgados por la Dirección General de Aguas (DGA) para proyectos de obras hidráulicas, también padecen una exasperante lentitud. Proyectos que legalmente deberían resolverse en 6 meses se extienden, en promedio, por 49 meses.
- El Alto Precio de la Inacción: Esta brutal demora en la obtención de permisos no es solo una cuestión de plazos extendidos; tiene un costo económico tangible y significativo. La parálisis en la puesta en marcha de proyectos se traduce en la pérdida de valiosa actividad económica para la región.
La permisología, convertida en un verdadero «factor de freno» para el Biobío, no solo desincentiva la inversión y obstaculiza el desarrollo, sino que también genera incertidumbre y desconfianza en el clima de negocios regional. La urgencia de agilizar estos procesos se vuelve cada vez más evidente para liberar el potencial económico de una región que clama por dinamismo y crecimiento.
CEP y Las Pérdidas de la Brurocracia
Según las estimaciones del centro de pensamiento, si se lograra desmantelar por completo el entramado regulatorio que hoy sofoca a las empresas, el país podría aspirar a un incremento adicional del 0,7% en su tasa de crecimiento anual durante la próxima década. Una cifra que, aunque pueda parecer modesta, representa un impacto significativo a largo plazo.
Gabriel Ugarte, investigador del CEP, desglosa esta pérdida de eficiencia agregada, producto de una asignación inadecuada del capital y una subinversión generalizada, cuantificándola en la asombrosa suma de US$22 mil millones tan solo en el año 2022.
«El crecimiento económico es el cimiento para responder a las crecientes demandas sociales y elevar la calidad de vida en nuestro país», advierte Gabriel Ugarte. «Sin embargo, las proyecciones de un crecimiento anémico, sumadas a un panorama internacional incierto, nos confrontan a un desafío impostergable: desmantelar la excesiva burocracia que hoy actúa como un pesado lastre para la inversión y fomenta una distribución ineficiente del capital. Esta ‘permisología’ mina la competitividad de Chile frente a otras economías, y tanto los hallazgos de este estudio como diversos indicadores globales confirman que estamos en clara desventaja».
El estudio del CEP subraya que la eliminación total de las barreras regulatorias podría inyectar un impulso del 0,7% anual al crecimiento del PIB durante los próximos diez años. Sin embargo, los investigadores enfatizan que no bastarán ajustes superficiales. Se requiere una transformación radical en la concepción y aplicación de las regulaciones, transitando con determinación hacia un sistema más ágil, coherente y eficaz, que opere de manera integrada y no fragmentada por sectores.
La investigación, que se apoya en una metodología innovadora desarrollada por Pellegrino y Zheng (2023) y en los datos de la última Encuesta Longitudinal de Empresas del INE para el año 2022, identifica aquellas regulaciones que actúan como un «impuesto implícito» al capital, erosionando la inversión en el país.
El análisis revela que, en promedio, un 28% de las empresas chilenas perciben el marco regulatorio como una restricción significativa para su crecimiento. Los sectores más afectados por esta «telaraña burocrática» son la energía (53%) y la minería (36%), coincidiendo con las conclusiones del Comité de Expertos sobre el Espacio Fiscal y las Tendencias de Crecimiento (2023). Sorprendentemente, el sector de hoteles y servicios de comida también figura entre los más perjudicados, con un 40% de empresas reportando trabas importantes.
Al cruzar el tamaño de las empresas con el sector económico, el estudio del CEP revela que las grandes empresas en general son las más afectadas, especialmente aquellas en los rubros de suministro de electricidad, gas y agua (EGA), minería y construcción. En el caso de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), destacan los sectores de hoteles y servicios de comida, transporte y EGA.
De la pérdida económica total estimada en un 7,3% del PIB debido a la burocracia, una porción considerable (5,5%) se atribuye a la subinversión, resultado de un encarecimiento artificial del uso del capital. Sin embargo, el informe del CEP también señala una importante pérdida por mala asignación del capital (1,95%), que surge cuando las trabas regulatorias impactan de manera desigual a las empresas, desviando recursos de las más productivas hacia las menos eficientes.
«En línea con los hallazgos de Pellegrino y Zheng (2023), tanto la mala asignación como la subinversión contribuyen de manera significativa a la merma del PIB en Chile, siendo la subinversión responsable de más del doble de la pérdida en comparación con la mala asignación del capital», añade el estudio.
Si bien el análisis intenta establecer comparaciones con países europeos, reconoce diferencias metodológicas importantes en los datos utilizados, la cobertura sectorial y los períodos de estudio. «Es interesante observar que, aunque la pérdida estimada del PIB en Chile es casi el doble que en Francia, el porcentaje de empresas restringidas en Chile es poco más de la mitad que en ese país. Esto sugiere que una menor proporción de empresas en Chile experimentan una mayor distorsión debido a la burocracia. No obstante, es crucial considerar las diferencias metodológicas entre los datos empleados», aclara el estudio, señalando que la encuesta europea (Efige) se realizó en 2010 y se centró en el sector manufacturero, mientras que el sondeo nacional abarcó todos los sectores económicos en 2022.
El estudio del CEP no se limita a cuantificar las pérdidas, sino que también apunta a la necesidad de una profunda revisión de los procesos regulatorios para impulsar la productividad. «Por ello, los responsables de políticas deben enfocarse en fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y la coherencia de los procesos regulatorios, lo que implica reducir los plazos de aprobación, mantener bases de datos regulatorias digitalizadas y actualizadas, y revisar periódicamente las regulaciones existentes», propone el informe.
En este contexto, el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), actualmente en discusión en el Congreso, emerge como una iniciativa clave para derribar las barreras burocráticas que frenan el desarrollo del país, contando con un amplio respaldo político y gubernamental. El objetivo principal de esta iniciativa es reducir los tiempos de tramitación de más de 380 permisos sin menoscabar los estándares regulatorios. «Lo que hace nuestro proyecto de ley es que los tiempos se debieran reducir entre un 30% y un 70%», ha afirmado el ministro de Economía, Nicolás Grau, anticipando una pronta aprobación del texto en el Parlamento. La esperanza reside en que esta reforma marque el inicio de un camino hacia un entorno regulatorio más ágil y eficiente, capaz de liberar el potencial de crecimiento de la economía chilena.
SOJ
