En una jornada marcada por intensos cruces ideológicos y advertencias de inconstitucionalidad, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”. La iniciativa, piedra angular de la agenda educativa del gobierno de José Antonio Kast, busca frenar la escalada de violencia en las aulas mediante el fortalecimiento de las atribuciones de los establecimientos y sanciones drásticas para los agresores.
Con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, la sala ratificó la idea de legislar, dando paso a una compleja votación en particular de 27 artículos e indicaciones que definen el nuevo estándar de orden en el sistema escolar.
Mochilas y gratuidad: Los ejes del conflicto
El proyecto introduce herramientas de control directo que han encendido el debate público. Entre sus puntos más controvertidos se encuentran:
- Revisión de pertenencias: Se faculta a los establecimientos para revisar mochilas y efectos personales bajo ciertos indicios.
- Inhabilidad de beneficios: La iniciativa busca denegar el acceso a la gratuidad en educación superior a aquellos estudiantes que resulten condenados por hechos de violencia grave dentro del entorno escolar.
Sobre este último punto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, mostró flexibilidad ante las críticas de la oposición y de la Democracia Cristiana, anunciando que el Ejecutivo está dispuesto a «precisar» que esta inhabilidad se circunscriba exclusivamente a delitos cometidos en el espacio escolar o sus inmediaciones.
Un debate de «dos visiones» de sociedad
El ambiente en el hemiciclo reflejó una fractura profunda sobre cómo abordar la crisis de convivencia.
La postura del oficialismo y sectores afines: Desde las bancadas que respaldan el proyecto, el argumento central fue el deterioro del clima educativo. El diputado Germán Verdugo (PNL) calificó los antecedentes de violencia como «irrefutables y alarmantes». Por su parte, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, arremetió contra quienes critican la ley, acusándolos de ser «cómplices activos» del fin de la calidad en la educación pública por permitir que la violencia controle los liceos.
La resistencia de la oposición: Desde la vereda contraria, el rechazo fue tajante. La diputada Daniela Serrano (PC) tildó la medida de «antipobre e inconstitucional», argumentando que la revisión de mochilas estigmatiza a las comunidades más vulnerables. En una línea similar, el diputado Jaime Bassa (FA) advirtió que «no hay varitas mágicas» y que el proyecto intenta imponer soluciones apresuradas sin entender las raíces sociales y emocionales del conflicto.
Freno constitucional: El próximo campo de batalla
La batalla legal está lejos de terminar. Durante la sesión, las diputadas Daniela Serrano (PC) y Emilia Schneider, junto al apoyo del PPD, formalizaron una reserva de constitucionalidad.
Los parlamentarios acusan que artículos clave (como el 1, 2 y 6) vulneran el derecho a la vida privada de niños, niñas y adolescentes, y rompen el principio de igualdad ante la ley. El diputado Marcos Barraza (PC) fue enfático al señalar que permitir revisiones basadas en «meros indicios» infringe tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.
¿Qué viene ahora?
El proyecto ingresa ahora a su segundo trámite constitucional en el Senado. Allí, el Gobierno espera consolidar los consensos necesarios, mientras la ministra Arzola reiteró que mantienen la disposición de incorporar «mejoras que permitan sacar esta iniciativa adelante» para garantizar que las escuelas vuelvan a ser espacios de paz.
Cifras clave de la jornada:
- Votos a favor: 103 (Amplia mayoría transversal).
- Votos en contra: 43 (Núcleo duro de la oposición).
- Próximo destino: Comisión de Educación y Seguridad del Senado.
24
