La lluvia cae sobre todos, pero no moja a todos por igual. Mientras algunos estudiantes observan el temporal desde una casa calefaccionada, con conectividad y alimentos asegurados, otros cuentan las goteras, esperan el regreso de la electricidad o miran cómo el barro corta el camino hacia su escuela. Las emergencias no crean la desigualdad educativa: la desnudan.
La suspensión preventiva de clases dispuesta por el Ministerio de Educación en nueve regiones busca resguardar a las comunidades y constituye una decisión responsable (MINEDUC, 2026). Sin embargo, sería un error confundir protección inmediata con justicia educativa. Para algunos, perder una jornada significa cambiar el aula por una plataforma; para otros, perder la escuela implica quedarse sin alimentación, apoyo pedagógico, calefacción o una de las pocas redes públicas de cuidado disponibles. UNICEF informó que, durante 2024, al menos 242 millones de estudiantes vieron interrumpida su escolaridad por eventos climáticos extremos (UNICEF, 2025). La UNESCO advierte, además, que los desastres aumentan los riesgos de quienes ya viven en condiciones de vulnerabilidad y exige sistemas educativos seguros y resilientes (UNESCO, 2024). No estamos ante una excepción meteorológica, sino frente a una advertencia: la crisis climática también está entrando a las salas de clases.
Chile conoce terremotos, incendios, inundaciones y aluviones. Sin embargo, seguimos administrando cada emergencia como si fuera la primera. El Marco de Sendai plantea que reducir el riesgo exige comprender la vulnerabilidad, invertir en prevención y fortalecer la capacidad de respuesta (UNDRR, 2015). En educación, eso significa infraestructura digna, continuidad pedagógica, conectividad garantizada y comunidades preparadas, no únicamente calendarios suspendidos.
Aquí aparece una responsabilidad que la agenda pública no puede seguir postergando. No basta con admirar la capacidad de las comunidades escolares para levantarse una y otra vez. La resiliencia no puede convertirse en una palabra elegante para justificar el abandono. Cuando profesores, familias y directivos deben suplir con voluntad aquello que el Estado no previno, la épica comienza a ocultar una injusticia. Educar también exige anticipar, invertir y proteger. La infraestructura escolar también educa. Un techo que se filtra enseña abandono; un camino intransitable enseña exclusión; una escuela preparada enseña que cada vida importa. Colocar la educación en el centro de la agenda pública no consiste en reparar después de cada temporal, sino en impedir que la pobreza transforme la lluvia en una condena.
El cielo volverá a despejarse y las clases se reanudarán. Pero, cuando las cámaras se retiren y el agua abandone las calles, permanecerá aquello que Chile suele postergar: el derecho a aprender continúa dependiendo del territorio donde nació cada estudiante. El sistema frontal pasará; la vulnerabilidad de nuestras escuelas no, mientras el país siga confundiendo la emergencia con el verdadero desastre.
* Juan Pablo Catalán, académico e investigador de Educación UNAB
