La diputada del Biobío celebró que el Ejecutivo acogiera su emblemática propuesta, la cual establece una inhabilidad de cinco años para acceder a beneficios estatales a quienes cometan actos vandálicos graves.
Lo que comenzó como una persistente exigencia en la Ley de Presupuestos, hoy se materializa como una pieza central de la agenda de seguridad educativa. La diputada por la Región del Biobío, Marlene Pérez (Ind. UDI), valoró que el Gobierno finalmente hiciera suya su propuesta de prohibir el acceso a la gratuidad universitaria a personas condenadas por hechos de violencia o delitos graves.
El fin del beneficio para los violentos
La medida será integrada en el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, que ingresará al Congreso con discusión inmediata. La iniciativa establece un castigo concreto: cinco años de inhabilidad para obtener beneficios financiados por el Estado para quienes atenten contra la vida, la integridad física o destruyan la infraestructura pública.
Para la parlamentaria, esta resolución responde al clamor ciudadano por justicia y coherencia en el gasto fiscal:
«Es de sentido común: los recursos de todos los chilenos deben premiar el esfuerzo, no la violencia. La gratuidad es para quienes valoran la oportunidad de estudiar, no para quienes se dedican a destruir», enfatizó la legisladora.
Foco en la reinserción y seguridad
Pérez detalló que, si bien la norma es estricta, el proyecto contempla una cláusula de flexibilidad para menores de edad bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. En estos casos, los tribunales podrán levantar la inhabilidad si se demuestra un proceso real y efectivo de reinserción social.
Una señal de autoridad
La diputada subrayó que este avance no solo busca proteger los recursos públicos, sino también devolver la tranquilidad a las aulas:
- Espacios Seguros: La medida busca desincentivar las conductas delictuales en liceos y universidades.
- Respaldo Docente: El proyecto también fortalece la autoridad de los profesores frente a las agresiones.
- Consecuencias Reales: Se acaba la sensación de impunidad ante los desórdenes graves en el sistema educativo.
«Frente a los niveles de violencia que vemos hoy, no bastan los discursos; se necesitan consecuencias concretas. Esta es una señal clara de respeto a las normas y a las familias que sí cumplen con la ley», concluyó Marlene Pérez, reafirmando su apoyo total a la pronta tramitación de la ley «Escuelas Protegidas».
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