Si la política migratoria expresa una forma de uso del derecho, su evaluación no puede reducirse a la eficacia. La evidencia comparada sitúa a Chile —como a la región— en un giro hacia mayor restrictividad, donde predominan respuestas de alta visibilidad, intensidad discursiva y teatralidad operativa. A ello se suma la instalación de la “emergencia” como forma de gobierno, reconfigurando progresivamente lo ordinario y tensionando al máximo la normativa sin romperla.
Bajo esa lógica, iniciativas como la criminalización del ingreso irregular reflejan un uso crecientemente expresivo del derecho. La tipificación del ingreso clandestino —en tramitación desde 2022— ilustra esa tensión: sanciones de baja entidad difícilmente operan como disuasión frente a la migración por necesidad o al crimen organizado expuesto por sus actividades a amenazas penales mucho mayores. Algo análogo ocurre con las zanjas o muros, cuya evidencia comparada —en experiencias como Hungría, India–Bangladesh, Arabia Saudita o enclaves como Ceuta y Melilla— muestra efectos acotados en la contención, pero relevantes en el desplazamiento de flujos hacia rutas más riesgosas, el fortalecimiento de redes ilícitas y la expansión de economías clandestinas.
En materia de expulsiones, los datos evidencian una brecha persistente entre objetivos y capacidades: con costos cercanos a $3 millones por caso, Chile enfrenta un stock de alrededor de 46 mil órdenes vigentes y otras 85 mil en trámite, mientras la ejecución efectiva sigue siendo limitada. Entre 2018 y 2025 se registraron poco más de 10 mil expulsiones, y solo entre 2022 y 2025 se materializaron 4.438. En los últimos cuatro años, pese a un aumento del 87 % en las órdenes, su ejecución cayó un 32 %, concentradas en nacionales de Colombia, Venezuela y Perú. A ello se suman más de 260 mil solicitudes de residencia en trámite entre 2023 y 2025, lo que tensiona aún más la capacidad operativa del sistema y profundiza la distancia entre lo proyectado y lo materialmente posible.
El presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones para 2025, cercano a $3.882 millones, permitía materialmente la ejecución de unas 1.300 expulsiones, cifra que contrasta con proyecciones que alcanzan hasta 330 mil en los próximos años, la mitad conseguida por EEUU con una capacidad que Chile no posee. Desde 2026, en un escenario de mayor restricción fiscal, esta brecha entre recursos, capacidades y metas no hace sino ampliarse, configurando una tensión fáctica que dificulta la discusión pública.
En este contexto, han surgido propuestas indirectas —como la restricción de prestaciones, mecanismos de autofinanciamiento o recuperación patrimonial— que, si bien buscan ampliar el margen de acción estatal, enfrentan riesgos evidentes: incentivos a la informalidad, expansión de circuitos irregulares y complejidades jurídicas en la afectación de bienes cuya naturaleza dista de aquella vinculada a economías ilícitas como el narcotráfico. Cabe preguntarse, además, cuál es su eficacia real frente a quienes obtienen ingresos relevantes por vías ilícitas y pueden, precisamente, sustituir dichas prestaciones por mecanismos alternativos, legales o informales. Ello refuerza la idea de que el desplazamiento de lo punitivo —que ya no se expresa únicamente como castigo— ha tendido a proyectarse desde el temor a la criminalidad hacia la gestión de los flujos migratorios, con efectos que no siempre se condicen con su finalidad declarada. No debe olvidarse que el Decreto Supremo N.º 35 (febrero de 2022) instauró un régimen excepcional en el norte, fundado en la presencia de crimen organizado transnacional —narcotráfico, trata y contrabando—, calificado como “amenaza híbrida”, el cual concebido como acotado en el tiempo, terminó siendo sustituido en 2023 por un esquema de carácter permanente.
En paralelo, la evidencia disponible sugiere que las variaciones en los flujos no responden a medidas aisladas. La reducción de los ingresos irregulares desde el peak de 2021 —en torno a un 50%— se explica más bien por la convergencia de factores acumulativos: despliegue operativo, ajustes normativos, reconfiguración de rutas históricas o contemporáneas, cambio de países de destino, tránsito o plataforma, reordenamiento de la migración a nivel lationoamericano, entre otros. Se configura así una tensión difícil de soslayar: el control de flujos y el cumplimiento de la ley son funciones esenciales, pero frente a un fenómeno estructural las respuestas tienden a privilegiar señales inmediatas —aun de eficacia limitada— por sobre políticas sostenidas en evidencia, muchas veces prescindiendo del conocimiento experto.
No debiera olvidarse el derrotero del fenómeno: desde una invitación humanitaria de gobernanza difusa, pasando por su conversión en explicación de múltiples males y su asociación tardía con criminalidad transnacional, hasta su actual configuración como amenaza omnipresente. En ese contexto, el desafío excede el control: con el tiempo, la tensión se vuelve social, especialmente si generaciones ya insertas enfrentan exclusión. La experiencia comparada muestra que respuestas tardías o meramente asimilacionistas no resuelven el problema, sino que lo desplazan. Se trata, en definitiva, de una cuestión estructural, cuya conducción no corresponde a un gobierno de turno, sino al conjunto del Estado y del sistema político.
* Juan Carlos López abogado Penalista chileno Universidad de Buenos Aires, Magíster en Prevención, Seguridad Ciudadana y Políticas Criminales.
