Hay una advertencia clásica de Maquiavelo, que conserva la incómoda vigencia de «El Príncipe»: Resulta relativamente fácil convencer a los pueblos; lo verdaderamente difícil es mantenerlos convencidos. No se trata sólo de una frase aguda, sino de la profunda constatación sobre la naturaleza de la política y la fragilidad de la legitimidad.
En tiempos de incertidumbre crecientemente determinados por shocks externos, tensiones económicas, reconfiguraciones geopolíticas y transformaciones sociales aceleradas, esta idea adquiere una densidad mayor. La política contemporánea se desenvuelve actualmente en un contexto marcado por lo imprevisible, que incide con fuerza sobre gobiernos e instituciones, tensionando sus capacidades de respuesta y adaptación (la fortuna)
A ello se suma una opinión pública cada vez más volátil, moldeada por ciclos informativos instantáneos, expectativas inmediatas y demandas que, con frecuencia, simplifican problemas estructuralmente complejos. Se construyen mayorías con rapidez, pero también se erosionan con la misma velocidad. En este entorno, la adhesión ciudadana deja de ser un activo estable y se transforma en un bien muchas veces efímero, que debe cultivarse permanentemente. Por lo mismo, más que emitir juicios apresurados sobre un gobierno que inicia su mandato, sometido a procesos de ajuste en un contexto de limitaciones y a situaciones no predecibles, resulta más pertinente observar las condiciones que permiten sostener la gobernabilidad en el tiempo. Y en ese plano, la lección maquiaveliana sigue siendo clara, no basta con persuadir; es indispensable construir convicción perdurable (la virtud).
Aquí emerge un punto clave. Maquiavelo advertía sobre el destino de los “profetas desarmados”: aquellos que, habiendo logrado entusiasmar y convencer, carecen de las herramientas para sostener en el tiempo aquello que prometieron. Su suerte, decía, es conocida, fracasan no necesariamente por falta de ideas, sino por ausencia de capacidad para consolidarlas en estructuras de poder y acción efectiva. Si algo sugieren los ciclos políticos recientes, es que esa etapa comienza a quedar atrás. Se abre, más bien, una nueva fase donde la ciudadanía más exigente, más informada y menos paciente demanda no solo relatos movilizadores, sino resultados concretos. No basta con interpretar el malestar; es imprescindible gestionarlo con eficacia.
En este contexto, la gobernabilidad se juega crecientemente en el terreno de la gestión estratégica del Estado. Esto supone alinear con rigor la planificación, la organización y la dirección de la acción pública con objetivos claros, medibles y evaluables. Supone, además, instalar una cultura de seguimiento de impactos y resultados que permita corregir, ajustar y aprender en tiempo real.
Pero hay un elemento adicional que resulta decisivo: la comunicación. No como ejercicio accesorio, sino como dimensión estratégica de la acción de gobierno. Comunicar bien no es sólo informar; es dar sentido, gestionar expectativas y construir coherencia entre lo que se promete, lo que se hace y lo que se logra. Cuando esa coherencia se debilita, el espacio para la desconfianza se expande rápidamente, afectando la legitimidad y, con ello, la estabilidad. La modernización del Estado ha avanzado precisamente en esa dirección, desde una lógica centrada en procedimientos hacia una enfocada en resultados y en la satisfacción ciudadana. Este tránsito no es menor. Implica entender que la legitimidad democrática no descansa únicamente en el origen del poder, sino también y cada vez más, en su desempeño.
Chile no está ajeno a este desafío. En un escenario de transformaciones profundas y expectativas elevadas, la tarea no es menor: consolidar capacidades estatales, fortalecer la calidad de las políticas públicas y sostener un vínculo de confianza con la ciudadanía que no dependa exclusivamente de coyunturas favorables. La enseñanza es clara. Convencer puede ser el inicio del camino, pero gobernar requiere algo más exigente: sostener en el tiempo la convicción de que el rumbo adoptado es capaz de generar bienestar, estabilidad y futuro de paz y prosperidad.
Ése es el verdadero punto de inflexión. Dejar atrás el tiempo de los profetas desarmados y dar paso a una etapa donde la política se mida, ante todo, por su capacidad de hacer, de comunicar con sentido y de responder con resultados. En definitiva, el desafío de la gobernabilidad, en cuanto a Arte del buen Gobierno, reside en la gestión de la sostenibilidad de la esperanza colectiva, que reposa sobre el reconocimiento de la legitimidad democrática y la capacidad de ofrecer respuestas a los problemas públicos.
* Augusto Parra Ahumada, ingeniero comercial, Postgrado en Ciencias Políticas, Presidente de la Fundación República en Marcha
