Lo ocurrido en el liceo de Calama no solo es dramático y terrible: es inaceptable.
Nunca debimos llegar a este punto. Y, sin embargo, no podemos decir que no lo vimos
venir. La violencia escolar lleva tiempo escalando, sus señales han sido persistentes y,
muchas veces, ignoradas. Lo que hoy irrumpe con horror, ayer ya habitaba en los
márgenes de nuestras escuelas, en recreos tensos y en silencios que no supimos
escuchar.
La reacción institucional no puede limitarse a la indignación. Las nuevas autoridades
deben gestionar con urgencia la publicación de la ley de violencia escolar, ya aprobada
por el Congreso, que permitirá incorporar herramientas como detectores de armas en
los establecimientos. No es una solución total, pero sí una señal necesaria en un
sistema que hoy carece de resguardos frente a situaciones extremas. Aun así, la
evidencia es clara: las políticas centradas exclusivamente en la sanción llegan tarde y
no resuelven el problema de fondo (OECD, 2022).
Chile no parte desde cero. El Ministerio de Educación de Chile ha impulsado
orientaciones de convivencia escolar y la Superintendencia de Educación exige
reglamentos y protocolos. Pero aquí emerge una tensión crítica: la normativa existe,
mientras las capacidades para implementarla siguen siendo insuficientes. Como
advierte la OCDE, los sistemas que mejoran la convivencia no lo hacen solo con
regulación, sino fortaleciendo el desarrollo profesional docente, el apoyo
socioemocional y el liderazgo escolar (OECD, 2022).
La prevención no puede seguir siendo una promesa. Se han anunciado programas de
salud mental que, en demasiados casos, han quedado en el plano declarativo. Y en
educación, lo que no se implementa, simplemente no existe. Pretender que las
escuelas enfrenten solas esta complejidad es, en el fondo, una forma de abandono
institucional. Se les exige todo, pero no siempre se les entrega lo necesario.
No podemos naturalizar que los estudiantes asistan a espacios inseguros. Los padres
tienen el derecho legítimo de confiar en que sus hijos estarán protegidos en los lugares
destinados para aprender. La seguridad no puede ser una excepción, debe ser la base
del acto educativo.
La ley es necesaria, pero no suficiente. La prevención es urgente, pero exige voluntad
política real. Y la escuela debe volver a ser refugio, no por decreto, sino por convicción
colectiva. Aún estamos a tiempo de reconstruir ese pacto, pero no será posible sin
asumir que educar es una tarea compartida: de un Estado que llega antes y no
después, de comunidades que se involucran, de profesores que sostienen con vocación
incluso en la adversidad, y de familias que vuelven a ocupar su lugar insustituible en la
formación de niños, niñas y jóvenes. Porque la escuela puede enseñar, pero es en el hogar donde se aprende, primero, a convivir. Y cuando ese tejido se recompone, la
educación deja de resistir… y vuelve, por fin, a florecer.
Juan Pablo Catalán
Académico e Investigador de Educación UNAB.
