El crimen organizado ha penetrado en las filas de las Fuerzas Armadas chilenas, revelando complejas redes de narcotráfico que han utilizado la estructura militar para sus operaciones. La fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, entregó detalles contundentes sobre dos casos que han sacudido al país: siete exsuboficiales del Ejército involucrados en el traslado de droga desde Iquique a Santiago, y un segundo y más reciente episodio con cinco funcionarios de la Fuerza Aérea (FACh) sorprendidos en una operación similar. Este último caso ha desatado una disputa de competencias entre la Fiscalía y la FACh, con la justicia militar intentando blindar la investigación.
El Caso Ejército: Una Red Consolidada de Narcotráfico
Respecto a la trama que involucra a los exsuboficiales del Ejército, la fiscal Steinert confirmó que la investigación sigue «vigente» y «reservada». Sin embargo, adelantó hallazgos cruciales: «Ellos habían hecho otros movimientos, eso ya está acreditado». La indagatoria ha permitido establecer que esta red venía operando «al menos desde el año pasado, en este mismo modus operandi».
Aunque la cantidad total de droga trasladada aún es materia de investigación, la fiscal precisó que el día de la detención, cada vehículo involucrado transportaba 94 kilos de sustancia ilícita. La investigación ha logrado acreditar «por lo menos 10 envíos» de los vehículos militares en la ruta Iquique-Santiago desde octubre del año pasado.
La droga, según la fiscal, proviene de Bolivia y no es de producción nacional. El foco actual de la pesquisa es determinar específicamente hacia dónde se dirigía la droga en la Región Metropolitana y establecer la cadena de compradores finales, así como el origen exacto de la sustancia.
Esta mañana el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que «se realizaron al menos 17 viajes previos, tenían una logística y estructura de vehículo que operaban como una cápsula de seguridad en la carretera, y además tenían maneras de guardar esos vehículos por determinados días para volver a su circulación».
El Misterio de la FACh: Una Batalla por la Competencia Judicial
El caso de los cinco funcionarios de la Fuerza Aérea es distinto y más opaco, debido a la reserva de la investigación mantenida por la propia institución, que busca llevar el caso por la vía de la justicia militar. Esta postura ha abierto un serio conflicto de competencias con el Ministerio Público.
«Sé por la prensa que son cinco los imputados, entiendo que lo más probable es que sea ketamina, pero a ciencia cierta no lo sé, porque la Fuerza Aérea nos negó los antecedentes», lamentó la fiscal Steinert, evidenciando la falta de colaboración.
La postura del Ministerio Público es clara: dado que se habría incurrido en el delito de la Ley 20.000 de drogas, que afecta directamente la salud pública, la investigación debe ser indagada por la justicia ordinaria. «Estas son discusiones jurídicas que tenemos que dar como Ministerio Público, ya que tenemos la convicción que lo que corresponde es que nosotros seamos los llamados a investigar, independiente de que esta indagatoria obedece a controles internos de la propia FACh como pasó en el caso de los militares del Ejército, los llamados a conocer las investigaciones de un delito común es la justicia ordinaria».
Ante la negativa formal de la FACh a entregar los antecedentes el pasado viernes, la fiscal regional no dudó en actuar. «En atención a eso recurrí a la Corte (de Apelaciones de Iquique), para que atendiendo las atribuciones que tiene, le ordene –a la FACh– entregar los antecedentes al Ministerio Público. Pero además, en la tarde, viendo que se trata de un delito común, presenté la solicitud al tribunal de garantía de que se trabe la contienda de competencias».
Esta acción implica que la fiscal ha solicitado formalmente la causa para que sea vista por el Ministerio Público, lo que derivará en una audiencia judicial para resolver la disputa. Steinert afirmó que la Fiscalía sostendrá su postura «por todos lados», argumentando que un delito común no debe ser investigado por un tribunal especial y excepcional, especialmente cuando las víctimas son «todos los civiles, porque afecta a la salud pública».
La FACh, por su parte, argumenta que, según las normas del código de justicia militar, la causa debe ser vista por ellos «en atención a que los imputados son de su institución, de que el delito se cometió dentro de sus recintos». Esta pugna judicial definirá el futuro de una investigación que promete arrojar más luz sobre la infiltración del narcotráfico en instituciones clave del Estado chileno.
SOJ
