Tras un intenso y controvertido debate, la Cámara de Diputadas y Diputados ha dado un paso crucial en la reconfiguración de la ley pesquera chilena. Con 122 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, la Cámara Baja aprobó el informe de la comisión mixta sobre el proyecto de ley de fraccionamiento pesquero, abriendo la puerta a una nueva era en la distribución de recursos marinos que promete un traspaso estimado en US$160 millones desde la pesca industrial a la artesanal. La iniciativa pasa ahora al Senado para su trámite final, antes de convertirse en ley.
La jornada legislativa estuvo cargada de tensión, marcada incluso por dos suspensiones temporales de la sesión debido a la falta de quorum. El acuerdo incluye una polémica nueva distribución de la cuota de merluza común entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. Esta modificación desató un vendaval de críticas desde la oposición, que acusó al Ejecutivo de errores en las cifras previas entregadas por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, y de una notoria falta de diálogo durante la tramitación del proyecto.
Más allá de las cifras, la aprobación de una nueva patente y la advertencia sobre eventuales efectos expropiatorios han puesto en alerta al sector industrial, que ya evalúa la posibilidad de acciones judiciales para defender sus intereses ante lo que consideran un menoscabo.
El diputado y vice-presidente de la Cámara Baja, Eric Aedo, sostuvo que el ministro de economía y el subsecretario Julio Salas, «fueron capaces de compatibilizar el mejoramiento substancial en las condiciones de vida y trabajo de los pescadores artesanales, pero sin sacrificar miles de empleos en la pesca industrial. Y de verdad lo quiero agradecer. Esto era fundamental para la Región del Biobío. Y así como fue crítico en su minuto de lo que se discutió en esa comisión y de algunos acuerdos, también me parece que es justo reconocer que cuando las cosas cambian -y cambian en favor de todos los trabajadores artesanales e industriales- hay que decirlo públicamente».
Justicia para la Pesca Artesanal, pero con Fisuras en el Oficialismo
En contraparte, el oficialismo celebró la aprobación como un «acto de justicia» para el sector artesanal y un avance clave para superar la actual Ley de Pesca, a la que el Ejecutivo ha tildado de «ley Longueira», argumentando que fue impulsada por «intereses indebidos e ilegales de agentes de la pesca industrial» durante su tramitación original. El ministro de Economía, Nicolás Grau, tomó la palabra tras la votación para valorar el acuerdo y el significativo traspaso de cuotas.
Sin embargo, el respaldo mayoritario no significó un consenso absoluto dentro del oficialismo. La diputada Karol Cariola (PC) manifestó su desacuerdo con el acuerdo sobre la merluza, solicitando al Gobierno que ingrese un veto para corregir la materia. En la misma línea crítica, la diputada Camila Rojas (Frente Amplio) señaló con preocupación la decisión de la empresa Pacific Blu de revertir su cierre, sugiriendo una conexión directa con la asignación de la nueva cuota.
Detalles de la Nueva Distribución
La propuesta aprobada establece un fraccionamiento específico para la merluza común: si la Captura Global Anual Autorizada (CGA) es inferior a 35.020 toneladas, la distribución será del 45% para la pesca artesanal y 55% para la industrial. Para el besugo, considerado fauna acompañante de la merluza común, se definió un reparto abrumador de 95% para el sector industrial y 5% para el artesanal entre Atacama y Los Lagos.
Además, se aprobó una gradualidad en los ajustes para la reineta y se instauró una cuota dinámica anual para la sardina española y la anchoveta del norte: entre 55% y 85% para los artesanales, y entre 15% y 45% para los industriales. Un punto crucial para los artesanales es la prohibición de perforaciones en las cinco millas marinas reservadas exclusivamente para su pesca.
Finalmente, se introdujo un nuevo cobro o «patente» para los titulares que obtengan cuotas de jurel en instancias internacionales, aplicable a las capturas realizadas en la zona económica exclusiva del país, una medida que el Ministerio de Economía detalló como parte de la modernización.
Con la pelota ahora en el Senado, la industria pesquera y el sector artesanal aguardan con atención la última palabra de un proceso que redefinirá el futuro de la actividad extractiva en las costas chilenas.
SOJ
