El Senado aprobó esta tarde de miércoles 16 de octubre, la acusación constitucional contra Sergio Manuel Muñoz Gajardo, ministro de la Corte Suprema, lo que ha resultado en su destitución del máximo tribunal y la prohibición de ejercer cargos públicos durante cinco años. Esta decisión fue adoptada tras siete horas de debate, donde ambos capítulos de la acusación fueron aprobados, superando el umbral de 25 votos necesarios, en parte gracias a la ausencia de la senadora Paulina Núñez, lo que redujo el quórum. En definitiva el juicio político en contra de Sergio Muñoz se saldo (segundo capítulo) con 23 votos en contra y 25 a favor de la acusación constitucional.
La destitución de Muñoz marca un hito en la historia reciente, convirtiéndolo en el primer ministro de la Corte Suprema en ser removido desde que Hernán Cereceda fuera destituido en 1992. La acusación fue impulsada por diputados de Chile Vamos y respaldada por una coalición de senadores opositores , incluyendo a Ximena Rincón y Matías Walker de los Demócratas, además de representantes de la UDI y el Partido Republicano.
Reacciones
Uno de los principales argumentos contra Muñoz fue la presunta divulgación anticipada de una sentencia que involucraba a un familiar, lo que según el senador Juan Castro (Partido Social Cristiano) comprometía la integridad del magistrado. «Un ministro de la Corte Suprema no puede dar a conocer una sentencia antes que ésta sea pública. Ahí hay una falla en su función como ministro de la Corte Suprema. Los valores que debe tener un magistrado deben ser del más alto nivel No puede ser que para privilegiar a un familiar, se entregue información No le corresponde a ningún funcionario público (…) Yo voy a aprobar esta acusación».
Mientras Juan Antonio Coloma de la Unión Demócrata Independiente (UDI) argumentó que «No creo que uno pueda decir no haya sido afectado el principio de imparcialidad (…) Es un elemento central de los deberes que tienen los magistrados de justicia, que es distinto a otras autoridades del Estado que pueden ser juzgadas por otros temas. Acá no, aquí se le aplica específicamente el notable abandono de deberes en su función que la doctrina ha señalado, que es esa imparcialidad Eso es lo que se ha vulnerado y voy a aprobar esa parte. de la acusación”.
Por su parte, Fidel Espinoza del Partido Socialista sostuvo que «Se ha levantado esta acusación en contra del ministro Muñoz, con el único afán de cobrar venganza por los notables fallos a que éste ha concurrido y su trabajo incansable como juez en amparo de los Derechos Humanos, el medio ambiente y los derechos sociales de las personas. Se oculta en este juicio de responsabilidad constitucional, la evidente intención de rebajar a un magistrado intachable y progresista, al mismo nivel de la señora Vivanco, quien traicionando sus obligaciones, mantenía algo así como una ‘fábrica de sentencias’, manteniendo una corte paralela, a la cual tenían acceso las y los poderosos de siempre, amparados por el abogado Hermosilla.»
En tanto el senador Iván Flores Democracia Cristiana manifestó que «Usando un estándar probatorio muy bajo, no ha sido posible acreditar que el ministro Muñoz anticipó el fallo de su hija. (…) (Sobre el segundo capítulo) Las facultades correccionales corresponden a los tribunales de justicia y no a un integrante de esos poderes de forma particular. Y en este caso, aunque el ministro Muñoz hubiera querido ejercerla, no habría podido hacerlo directamente. (…) En suma, creo que esta AC en contra del ministro Sergio Muñoz, en sus dos capítulos, no tiene el peso ni la precisión jurídica en la justificación y sustento sobre las causales esgrimidas en su contra o las evidencias faltas o delitos cometidos por su familia con los que ha pretendido ligar a don Sergio Muñoz. Mi voto es en contra de esta acusación constitucional.»
