La jueza Graciel Muñoz Tapia, que actualmente se desempeña en el Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago, está en el centro de una controversia legal. Acusada de falsificación de documentos públicos por la ONG ‘Quiero Vivir Sin Delincuencia y Sin Corrupción’, Muñoz enfrenta serias imputaciones relacionadas con su desempeño profesional durante la pandemia. Las acusaciones señalan que trabajó desde Italia utilizando Zoom, mientras registraba las audiencias como si las hubiera realizado en Santiago.
El artículo 311 del Código Orgánico de Tribunales de Chile exige que los jueces residan en la ciudad donde prestan sus servicios. Aunque el teletrabajo fue permitido durante la pandemia, se alega que Muñoz realizó varios viajes a Europa entre 2021 y 2022 y -al parecer- sin registrar adecuadamente su ubicación en sus conexiones por videoconferencia. Se dice que uno de estos viajes habría durado hasta siete meses.
Durante la audiencia de este lunes, Muñoz admitió que realizó audiencias por Zoom desde el extranjero, pero aseguró que no recibió indicaciones en contrario ni fue consultada por sus superiores sobre su ubicación. La Corte de Apelaciones de San Miguel le abrió un sumario que concluyó con una «amonestación privada».
La denuncia también ha solicitado un informe detallado de todas las audiencias que Muñoz dirigió entre marzo de 2020 y octubre de 2022, incluyendo las resoluciones emitidas en ese período. Entre las audiencias destacadas se encuentra la del profesor Roberto Campos Weiss, involucrado en un bullado caso del estallido social de 2019.
Este no es un caso aislado en el sistema judicial chileno. En febrero del año pasado, el juez Leonardo Valdivieso Lobos solicitó permiso para dictar resoluciones urgentes desde Europa durante sus vacaciones, en el marco del Caso Soquimich, que implicó denuncias de financiamiento ilegal a partidos políticos. Su solicitud fue rechazada por el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Rojas, basándose en la normativa que exige la presencia física del juez.
La situación de Graciel Muñoz se complica aún más debido a las acusaciones contra su padre, el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz Gajardo, quien enfrenta una acusación constitucional. La oposición lo acusa de filtrar información privilegiada a su hija en un negocio inmobiliario. La Inmobiliaria Fundamenta ha presentado una denuncia que sugiere una «violación a la ética profesional» por parte de Muñoz, quien habría brindado información clave sobre transacciones inmobiliarias a Graciel.
La denuncia detalla que Graciel Muñoz habría desistido de dos promesas de compraventa, mencionando a una ejecutiva que el proceso podría prolongarse durante años y que su conocimiento sobre el tema se debía a la participación de su padre en la Corte Suprema.
El Supremo Muñoz
Sin embargo esta no es la única inquietud de la jueza Muñoz. Hoy también está atenta ante una preocupación adicional: su padre, el ministro Sergio Muñoz Gajardo, quien fue designado por Ricardo Lagos en 2005, está bajo la amenaza de una acusación constitucional por parte de la oposición. Esta acusación surge tras una denuncia de la Inmobiliaria Fundamenta, que alega que el ministro habría violado principios éticos al filtrar información confidencial relacionada con un negocio inmobiliario.
La querella sostiene que Graciel Muñoz Tapia habría abandonado dos compromisos de compraventa, indicando a una ejecutiva que «este proceso puede extenderse por años y no creo que quieras ni puedas esperar tanto. Te lo digo con conocimiento no porque yo sea abogada, sino porque mi papá está a cargo de todo este asunto en la Corte Suprema».
Este complejo entramado de acusaciones y vínculos familiares ha puesto a ambos en el centro de una profunda crisis judicial, desafiando la integridad y la transparencia en el sistema de justicia chileno.
