La Fiscalía Nacional Económica (FNE) busca determinar si algunos servicios prestados por empresas sanitarias, actualmente sin regulación tarifaria, deben ser regulados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Esta iniciativa se basa en la presunción de que estos servicios podrían estar siendo ofrecidos en condiciones monopólicas por parte de las empresas a lo largo del país.
En noviembre de 2022, la FNE presentó una consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que este se pronuncie sobre la materia. Entre los servicios en cuestión se encuentran:
- Limpieza de fosas sépticas
- Envío de cuentas de consumo en papel
- Venta de agua potable a camiones aljibe
- Corte de suministro para la conexión de redes de agua potable
- Otros procesos relacionados con la expansión territorial de las empresas sanitarias
La consulta de la FNE plantea la necesidad de evaluar si cada uno de estos servicios requiere ser regulado tarifariamente por la autoridad. Cabe destacar que las condiciones y alternativas de acceso al agua, las características de los clientes y los territorios varían entre las empresas sanitarias del país. Diversos actores de la industria han señalado que una regulación transversal sin identificar los mercados específicos podría no ser viable.
El próximo 10 de julio se realizarán los alegatos en el TDLC, donde participarán la FNE y diversos intervinientes:
- Aguas San Pedro
- Essbío, Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío
- Cámara Chilena de la Construcción
- Aguas Magallanes
- Aguas Araucanía
- Nueva Atacama
- Aguas Altiplano
- Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos
- Nuevosur
- Aguas del Valle
- Esval
- Aguas Andinas
- Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios
Cristián Reyes, abogado de Aguas Atacama, ha afirmado que la extensión de zonas de concesión no es un servicio en sí mismo, sino un procedimiento regulado por la ley sanitaria. Por lo tanto, según su postura, no debería ser materia de regulación en este caso.
Este caso representa un importante desafío para el TDLC, ya que deberá determinar si la falta de regulación tarifaria en estos servicios específicos afecta la libre competencia y si es necesaria la intervención del regulador. La decisión del Tribunal podría tener un impacto significativo en las empresas sanitarias y en los precios que pagan los consumidores por estos servicios.
