Las salas comienzan a vaciarse y Chile parece escuchar más el ruido de las planillas que las voces de sus estudiantes. La matrícula escolar cayó de 3.608.158 alumnos en 2020 a 3.467.027 en 2026: 141.131 menos (Mineduc, 2026). No es solo una cifra ni puede explicarse únicamente por la natalidad. Es una advertencia sobre el país que estamos construyendo: ¿qué ocurrirá con el derecho a aprender cuando sostener una escuela resulte más costoso que cerrarla?
La respuesta ya asoma en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Las orientaciones para 2027 contemplan evaluar fusiones de cursos y ajustar dotaciones docentes. Administrar responsablemente los recursos públicos es indispensable; reducir toda decisión educativa a una operación de ahorro sería un error histórico. Un curso no es una casilla de Excel. Es una comunidad de vínculos, ritmos y necesidades. Fusionarlo sin escuchar a sus profesores ni considerar la inclusión puede convertir una oportunidad demográfica en un retroceso pedagógico. El Consejo Evaluador del Sistema de Educación Pública (2025) ha insistido en que los ajustes de dotación sean graduales, dialogados y fundamentados en criterios educativos, no solo financieros.
Entonces, ¿por qué hablar primero de profesores que sobran y no de los apoyos que faltan? ¿Por qué imaginar salas más llenas cuando la disminución de matrícula podría permitir enseñar con mayor cercanía? La OCDE (2024) advierte que los cambios demográficos plantean una tensión entre eficiencia de recursos, calidad y acceso, particularmente en territorios rurales. Allí, cerrar una escuela puede significar mucho más que apagar las luces de un edificio: es romper una red de pertenencia, obligar a recorrer mayores distancias y debilitar la vida de una comunidad. Ningún balance presupuestario debería invisibilizar ese costo humano.
Chile necesita una política pública anticipatoria, no una cadena de cierres abruptos. Antes de fusionar cursos o establecimientos, las autoridades deben proyectar la matrícula por territorio, evaluar tiempos de traslado, escuchar a las comunidades, transparentar criterios y garantizar continuidad educativa. Y si hay menos estudiantes, la pregunta debería ser cómo aprovechar esa capacidad para fortalecer equipos interdisciplinarios, acompañar trayectorias, atender la diversidad y mejorar las condiciones de enseñanza. No se trata de defender cada estructura sin cambios ni de negar las restricciones fiscales. Se trata de recordar que la eficiencia sólo tiene sentido educativo cuando protege aprendizajes y oportunidades. Las decisiones sobre dotación docente no pueden tomarse de espaldas a quienes hacen posible la escuela todos los días.
Quizás el verdadero drama no sea que queden pupitres vacíos, sino que, frente a esa oportunidad histórica, optemos por vaciar también las posibilidades. Chile no necesita únicamente escuelas sostenibles: necesita escuelas que sostienen futuros. Porque una nación no se engrandece por cuánto ahorra en sus niños, sino por cuánto es capaz de ofrecerles.
* Juan Pablo Catalán, investigador de Educación U.Andrés Bello
