Un arancel del 12,5% amenaza con sacudir las sólidas relaciones comerciales entre la industria maderera chilena y el mercado de Estados Unidos. Ante este escenario, Rodrigo O’Ryan, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), aterrizó en Washington D.C. para exponer directamente ante el Comité de la Sección 301 del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR). ¿El objetivo? Demostrar por qué Chile debe quedar completamente excluido de una medida diseñada para castigar el trabajo forzoso global, una realidad ajena a los estándares locales.
O’Ryan fue enfático durante su comparecencia en las audiencias de los expedientes USTR-2026-0265 y USTR-2026-0266: el bloque forestal chileno juega bajo reglas limpias.
«Apoyamos plenamente la eliminación del trabajo forzoso del comercio internacional. Sin embargo, este arancel propuesto afecta a productos chilenos respecto de los cuales no existe ningún hallazgo ni evidencia de malas prácticas. En definitiva, somos una industria que está al otro lado de la cancha, con respeto por las personas, el trabajo decente y la integridad».
Un efecto dominó que golpearía los bolsillos norteamericanos
El argumento central de la delegación chilena apela al pragmatismo económico: golpear a la madera de Chile es también dispararse en el propio pie en el mercado estadounidense. O’Ryan desglosó las cifras de una integración comercial que lleva décadas consolidándose:
- Exportaciones potentes: Chile exportó cerca de US$1.000 millones a EE.UU. en 2024, proveyendo molduras, paneles, madera aserrada y papel esenciales para la construcción. Hoy, el país abastece entre el 8% y el 16% de la madera importada para las viviendas norteamericanas.
- Empleo e inversión local: Gigantes chilenos como Arauco y CMPC operan más de una docena de plantas industriales dentro de EE.UU., inyectando US$2.000 millones en ventas anuales y sosteniendo 2.000 empleos directos.
- Inversionistas de EE.UU. en vilo: Fondos de pensiones y dotaciones universitarias de EE.UU. son dueños del 10% de los bosques plantados en Chile (unas 190 mil hectáreas).
«Un arancel que debilita la actividad forestal chilena también erosiona el valor de esas inversiones, afectará los ahorros previsionales y aumentará el costo de las casas de miles de ciudadanos estadounidenses».
La defensa corporativa no solo se basó en números de intercambio, sino en la solidez del ecosistema laboral y ambiental chileno. La industria maderera nacional está sujeta a normativas estrictas como la Ley Karin (contra el acoso laboral) y cuenta con auditorías independientes bajo sellos internacionales como FSC y PEFC, los cuales certifican la erradicación total del trabajo forzoso en línea con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Incluso el factor ambiental entró en el debate. La alianza entre ambos países nació en los años 90 para proteger los bosques nativos maduros del noroeste del Pacífico en EE.UU., convirtiendo a Chile en el socio ecológico clave para el suministro de madera sustentable. Además, ambas naciones colaboran estrechamente intercambiando brigadas y aeronaves para el combate de mega incendios forestales. «Debilitar nuestro sector también significa debilitar esa cooperación ante un desafío común», sostuvo O’Ryan.
La solicitud final: Cooperación en lugar de barreras
Al cierre de la sesión, CORMA solicitó formalmente la exclusión técnica de Chile de la lista de aranceles. Lejos de cerrar la puerta al diálogo, O’Ryan ofreció total transparencia institucional, poniendo a disposición de la Aduana de Estados Unidos y el USTR cualquier mecanismo adicional de trazabilidad para auditar las cadenas de suministro.
El gremio forestal —que representa el 1,3% del PIB chileno y hasta el 15% de la economía en regiones del sur del país— busca proteger un tratado de libre comercio histórico que ha demostrado, durante décadas, beneficiar a trabajadores y consumidores de ambos extremos del continente.
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