Un profundo quiebre político sacude a la oposición luego de que el Partido por la Democracia (PPD) anunciara un acuerdo estratégico con el Ejecutivo para destrabar la megarreforma. El entendimiento introduce una escala progresiva para la invariabilidad tributaria según el volumen de inversión: el plazo general se reduce de 25 a 10 años para proyectos de hasta US$100 millones; se establece un régimen de 15 años para iniciativas de hasta US$350 millones; y se reserva el tope de 25 años exclusivamente para megaobras que superen los US$500 millones.
Pese al anuncio, el bloque opositor calificó la fórmula de «insuficiente» y activó de inmediato un plan de contingencia para evaluar la inconstitucionalidad de la norma.
Fuego cruzado en el Congreso: Las duras réplicas al acuerdo
La reacción de las distintas bancadas opositoras no se hizo esperar, transitando entre la indignación técnica y las acusaciones éticas hacia el PPD:
- Diego Ibáñez (Frente Amplio): El parlamentario tildó el consenso de «pésimo» y «decadente», argumentando que debilita el crecimiento a largo plazo y la empleabilidad genuina. «Esto es una vergüenza. La invariabilidad incluso del dictador Pinochet tenía mejores condiciones. Fijar una tasa preferencial de 1.5 puntos por sobre la tasa corporativa implica cobrarles un 24.5% a firmas que hoy tributan el 27%».
- Beatriz Sánchez (Frente Amplio): Tras lamentar el pacto alcanzado con el ministro Quiroz, la senadora ratificó que el bloque ya coordina acciones legales con expertos constitucionalistas de cara a la votación del próximo 15 de julio. «Vemos vicios de inconstitucionalidad claros en el proyecto y levantaremos la mejor propuesta jurídica ante un Tribunal Constitucional (TC) que es reconocidamente técnico».
- Iván Flores (Democracia Cristiana): Con el tono más severo de la jornada, el senador democratacristiano acusó una transacción política a espaldas del sector. «Pareciera que el Gobierno entró a un libre mercado en política. No sabemos cuál fue el precio del PPD por haberse vendido a este intento de pirquineo que el Ejecutivo venía buscando».
- Daniel Núñez (Partido Comunista): Evitando aludir directamente al PPD, el legislador centró la ofensiva en la defensa institucional. «Tenemos la convicción de que estas normas vulneran principios básicos de la democracia como la soberanía popular. Nuestro deber, por un tema de principios y no de pragmatismo, es recurrir al TC».
La defensa del PPD: «Administrar la pobreza no puede ser el camino»
Ante la ola de críticas, la bancada de senadores del PPD, liderada por Ricardo Celis, emitió un enérgico comunicado para blindar el acuerdo y justificar el viraje táctico. Desde el partido argumentaron que las modificaciones sustanciales introducidas al proyecto original del Ejecutivo logran un equilibrio clave: dinamizar la economía sin ceder la soberanía fiscal.
«Chile necesita volver a crecer. Sin inversión no hay nuevos empleos, no aumentan los salarios ni se generan recursos para financiar mejores pensiones, salud o seguridad. Administrar la pobreza no puede ser el camino. Nuestro objetivo fue claro: atraer inversión para impulsar el crecimiento, pero evitando entregar privilegios sin control o limitar las facultades del Estado».
El escenario definitivo se resolverá en las próximas horas, cuando las fuerzas de oposición sostengan una reunión clave para formalizar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional y medir el impacto real del descuelgue del PPD.
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