El Gobierno expulsó a 56 migrantes ilegales y contempla ya un total de 1.874 en lo que va de 2026. Este sábado despegó un vuelo chárter con los deportados hacia Bolivia, Ecuador y Colombia; se trata del décimo vuelo desde el comienzo del mandato del Presidente José Antonio Kast. «Logramos una frecuencia de viajes aproximadamente tres veces superior al promedio mensual del Gobierno anterior», enfatizó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. Por otra parte, hasta ahora un total de 10.345 extranjeros han salido voluntariamente de Chile, de los cuales el 79% son venezolanos, agregó Pavez.
De acuerdo con lo señalado por las autoridades, el operativo aéreo se realizó con un chárter de Andes Línea Aérea, en el que se trasladó a 45 personas expulsadas por vía administrativa y 11 por casos judiciales. En el total de expulsados, 21 son ciudadanos colombianos, 20 bolivianos y 15 ecuatorianos. De los 56 casos, 31 corresponden a ingresos por pasos no habilitados, 6 a robos con intimidación y 5 asociados a la Ley 20.000. En 2025, último año completo de mandato del ex Presidente Boric, un total de 1.117 extranjeros fueron expulsados.
Entre los deportados por delitos, una de las principales causas fue el ingreso al país por pasos no habilitados, mientras que otros estaban procesados por robo con intimidación, delitos por ley de drogas y robos con violencia», entre otros, explicó Pavez. Las autoridades también indicaron que las salidas voluntarias, producidas entre el 3 de enero y el 4 de octubre de este año, se contabilizan en 10.345 extranjeros que ingresaron a Chile por pasos no habilitados. En estos casos, la mayoría de las personas que se han marchado -sin que mediara una medida de expulsión- han sido ciudadanos venezolanos y representan 8.243 (el 79%) de la cifra total, anunciada por el Ejecutivo.
Pavez añadió que entre los expulsados y quienes salieron de forma voluntaria durante 2026, la suma total es de 12.219 personas. En el país hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Diversos reportes estiman que más de 75.000 órdenes de expulsión siguen pendientes de ejecución, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos. Mientras esto sigue adelante, en el Congreso se encuentra en debate el proyecto de ley impulsado por el Gobierno para tipificar la migración irregular como un delito.
