Mientras el Presidente Kast y cuatro ministros encabezan en Talcahuano el nacimiento del nuevo buque de la Armada, la Contraloría indaga una presentación que acusa una reducción del 11% en el largo de la nave y la alteración de su sistema de propulsión respecto a la licitación internacional original. El astillero estatal aguarda los antecedentes formales.

Hoy jueves 18 de junio, las miradas del poder político y militar de Chile se posan sobre la grada de los Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) en Talcahuano. Al mediodía, el buque multipropósito LPD-93 «Magallanes» tocará el mar en una ceremonia de alta trascendencia institucional. El hito es de tal magnitud para la geopolítica y el desarrollo nacional que el Presidente de la República, José Antonio Kast, se trasladará a la zona con un comité político de primer nivel. Lo acompañará una comitiva de cuatro ministros que evidencia las múltiples dimensiones del proyecto: Claudio Alvarado (Interior), Fernando Barros (Defensa), Iván Poduje (Vivienda y Urbanismo) y Ximena Lincolao (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación). En los pasillos navales, sin embargo, se comenta con expectación el secreto mejor guardado de la ceremonia: la identidad de la madrina que, por tradición, tendrá la misión de bautizar la nave estrellando la clásica botella en su casco.

Sin embargo, detrás del protocolo de Estado y el tradicional bautizo de la nave, una tormenta de carácter técnico y administrativo ha comenzado a gestarse en los escritorios del órgano fiscalizador en Santiago. Una denuncia ingresada discretamente a la Contraloría General de la República a inicios de junio amenaza con empañar el mayor hito de la industria naval chilena de las últimas décadas. La presentación, realizada por un exfuncionario de la propia compañía estatal, acusa que el diseño original de la nave sufrió alteraciones estructurales profundas que modificaron el proyecto en un 21%, dando origen a un navío sustancialmente distinto al que se adjudó formalmente mediante los procesos de licitación internacional del proyecto Escotillón IV.

El misterio de los 11 metros perdidos y el cambio de ingeniería

De acuerdo con el documento en manos del ente regulador, el diseño básico de ingeniería que resultó ganador de la licitación correspondía a una imponente fortaleza flotante de 121,4 metros de largo (eslora), con una capacidad de desplazamiento de 10.244 toneladas y un sistema operativo basado en dos ejes propulsores paralelos. Esta configuración garantizaba un estándar técnico específico para el transporte estratégico y las operaciones anfibias planificadas por la Defensa Nacional.

Sin embargo, la denuncia sostiene que, al poco tiempo de asignado el contrato, el proyecto original fue sustituido por un plano alternativo —provisto por la misma firma de ingeniería, Vard Marine— que jamás pasó por el filtro de un concurso internacional. Los datos técnicos adjuntos para graficar la brecha entre el plan inicial y la estructura real que hoy se desliza al agua son tajantes: el «Magallanes» que se estrena en Talcahuano mide 110 metros de eslora, registrando 11,4 metros menos que su diseño primigenio, y su desplazamiento bajó a 8.010 toneladas, lo que equivale a una reducción de 2.234 toneladas de peso operativo.

El cuestionamiento no solo apunta al tamaño del buque, sino a su corazón motriz. La modificación reemplazó los ejes paralelos originales por dos ejes propulsores divergentes. Los expertos citados en la acusación explican que este diseño genera una ineficiencia mecánica permanente: al no alinearse en paralelo respecto a la línea de avance, los motores jamás logran entregar el 100% de la energía para el desplazamiento, perdiendo una fracción constante de fuerza de empuje para compensar la desviación de los ejes. «Para efectos prácticos funciona, pero con una pequeña y eterna pérdida», advierte el texto ante el fiscalizador.

La respuesta de Asmar: Institucionalidad y cautela

En los hangares navales de Talcahuano el ambiente es de total cautela. Consultada por el impacto de esta presentación en medio de los preparativos de la gala presidencial, la empresa pública estratégica optó por un estricto repliegue institucional, argumentando que aún no han sido notificados formalmente de la investigación.

«ASMAR no ha sido notificada formalmente ni requerida por el órgano competente respecto de la denuncia mencionada, por lo que no corresponde emitir comentarios sobre antecedentes que la empresa no conoce oficialmente», señalaron a través de una declaración institucional.

No obstante, el astillero estatal enfatizó su compromiso con los estándares de probidad pública que rigen sus millonarios contratos de defensa: «Como empresa pública estratégica, ASMAR actúa conforme a los procedimientos, controles y marcos institucionales aplicables a sus proyectos y contratos. En caso de existir un requerimiento formal de cualquier autoridad competente, la empresa entregará todos los antecedentes que correspondan a través de los canales institucionales establecidos».

Así, la jornada de hoy avanzará en dos carriles paralelos: el del festejo oficial en los muelles del Biobío ante el despliegue de las máximas autoridades del país, y el de la silenciosa revisión técnica en la Contraloría, que deberá determinar si el gigante que hoy toca el mar cumple fielmente con las reglas del juego internacional con las que fue concebido.

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