El suspenso legislativo llegó a su fin, al menos por ahora. En una votación de infarto que terminó con un empate matemático de 24 votos a favor y 24 en contra, el Senado rechazó la propuesta que buscaba permitir el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa. La medida formaba parte del corazón del proyecto que crea el nuevo Subsistema de Inteligencia Económica.
Tras este bloqueo, el destino de la norma queda en manos de una comisión mixta, donde el Gobierno intentará revivir la iniciativa mediante nuevas indicaciones que logren destrabar el nudo político.
Un vuelo retrasado y un debate histórico
Esta discusión, que arrastra una profunda trinchera ideológica desde 2023, enfrenta dos visiones contrapuestas sobre la seguridad y la privacidad:
- La postura oficialista (Frente Amplio, PC, PS y PPD): Defienden la herramienta como un pilar indispensable para asfixiar las finanzas del crimen organizado y seguir la «ruta del dinero».
- La postura de la oposición (Derecha y centroderecha): Insisten tajantemente en que el acceso a las cuentas bancarias debe contar, sin excepciones, con el filtro y la autorización previa de un juez.
La propuesta rechazada buscaba facultar directamente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para requerir estos antecedentes confidenciales de forma ágil.
El desenlace estuvo marcado por la tensión. Tras dos empates previos a 23 votos en la sesión anterior, el destino de la ley se selló este martes por factores milimétricos: el inesperado voto a favor del senador Miguel Ángel Calisto y la crucial ausencia de la senadora Ximena Órdenes (IND-PPD), quien no pudo llegar al hemiciclo debido al retraso de su vuelo.
La postura del Ejecutivo: Agilidad pero con control judicial
Desde La Moneda, las reacciones no se hicieron esperar. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, le bajó el perfil a la derrota y apostó por la vía del consenso inmediato:
«Nos interesa que esta materia sea resuelta cuanto antes por el Congreso Nacional. Esperamos que en la comisión mixta se pueda acordar la forma en que enfrentamos de manera más efectiva y eficaz el secreto bancario».
El jefe de la cartera de la Segpres aclaró que el Ejecutivo no busca desproteger a los ciudadanos, sino adaptar la urgencia policial al marco legal actual:
- Respeto constitucional: «El marco constitucional del país nos obliga a que, cuando hay una medida intrusiva como esta, siempre tenga que estar de por medio la autorización de un juez».
- El desafío de la inmediatez: El ministro reconoció que el debate de fondo es la rapidez. Por ello, el Gobierno se mostró dispuesto a flexibilizar posturas para acelerar los plazos judiciales cuando la UAF lo requiera.
¿Qué viene ahora?
El Ejecutivo ya le otorgó «suma urgencia» a la tramitación. La Comisión Mixta se constituirá de forma inmediata para forzar un acuerdo contrarreloj entre diputados y senadores, buscando poner fin a una de las disputas políticas más complejas del último año.
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