En una de sus funciones clásicas atribuidas —la preservación del orden—, el Estado, a través de sus políticas migratorias, expresa una forma de ejercicio del poder y su relación con el riesgo y sus propios límites. Tras el 11 de septiembre de 2001, ese equilibrio se desplazó hacia una lógica de seguridad. La expansión de Immigration and Customs Enforcement el 2003 lo refleja: el control de flujos cede ante la gestión del riesgo mediante detención ampliada, militarización y restricciones al debido proceso, dentro de una legalidad llevada a su máxima tensión.
Durante la segunda presidencia de Donald Trump, esta racionalidad se intensificó con un marcado fortalecimiento de ICE: aumento de dotación (36 %, más de 28.000 funcionarios), de oficiales de deportación (69 %) y un financiamiento proyectado desde 75.000 a 170.000 millones de dólares hacia 2029, en contraste con la reducción de agencias orientadas a garantías (USCIS −11 %; tribunales −20 %). Sobre esa base, se fijaron metas de 3.000 detenciones diarias y hasta un millón de deportaciones anuales, junto con presión jerárquica, remoción de directivos (2025) y la extensión de tácticas fronterizas al espacio urbano. Pese a más de 675.000 deportaciones en 2025 —en cifras comparables a administraciones previas—, el resultado ha sido, sobre todo, un endurecimiento institucional más que un incremento sustantivo en la eficacia.
El correlato ha sido una tensión de carácter sistémico: más de 4.400 detenciones ilegales, más de 20.000 acciones de habeas corpus y cerca de 68.000 personas privadas de libertad —un 75 % más que al inicio—, de las cuales aproximadamente 24.000 carecen de antecedentes, incluyendo niños y asilados. A ello se suma la ampliación del universo deportable, el cierre de vías legales (30.000 citas canceladas; 530.000 personas afectadas; sistema de refugio en torno a 73.000) y una estrategia que combina coerción e incentivos, generando efectos estructurales en el mercado laboral, las familias (5,62 millones de niños en hogares con adultos indocumentados) y sectores como el universitario (más de 1.800 visas revocadas en una industria de 56 mil millones de dólares).
Aunque los cruces irregulares descendieron de 956.000 a 86.000, el stock interno —superior a tres millones solo de casos pendientes— permanece. La reducción, además, responde a factores acumulativos previos, incluidos durante la administración de Joe Biden (94.000 cruces), y a la reconfiguración de rutas, como evidencia el Tapón del Darién (de 85.000 a 2.500 el 2025). En paralelo, el aumento del uso de la fuerza (cercano al 400 %), la incorporación de más de 12.000 agentes con menor entrenamiento y el reforzamiento de la qualified immunity configuran un escenario donde la coerción deja de ser excepcional: más que desviaciones, las muertes en redadas, protestas o centros de detención tratan de efectos previsibles de una arquitectura institucional que, bajo presión operativa y una narrativa de criminalización, tiende a normalizar la intensidad del control.
Frente a ello, estados como New York han intentado preservar espacios de normalidad jurídica, limitando la acción de ICE en hospitales, escuelas e iglesias en ausencia de orden judicial. No obstante, esta lógica presenta una tendencia expansiva: tras Europa —donde el nuevo pacto migratorio sucede al fracaso de la Directiva de Retorno—, América Latina igualmente replica sus prácticas y discursos.
Lo relevante, entonces, no es solo el conjunto de medidas, sino la racionalidad que las sostiene. En ella, el derecho deja de operar exclusivamente como límite para convertirse también en un instrumento de intensificación. En ese desplazamiento —gradual y muchas veces imperceptible— comienzan a perfilarse interrogantes que trascienden el caso observado y se proyectan sobre otras problemáticas que las comunidades políticas enfrentan: lo que durante años se expresó en el plano discursivo, hoy se traduce con creciente intensidad en políticas públicas. Chile, desde luego, no constituye una excepción.
* Juan Carlos López abogado Penalista chileno Universidad de Buenos Aires, Magíster en Prevención, Seguridad Ciudadana y Políticas Criminales.
