Lo que la red de salud pública califica a veces como «eventos adversos», la justicia lo está llamando por su nombre: falta de servicio. Un reciente informe del Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha encendido las alarmas al revelar que, durante 2025, el Estado chileno desembolsó la cifra histórica de $4.573 millones para compensar a víctimas de negligencias médicas. Se trata del monto más alto desde la creación del sistema de mediaciones en 2005, quintuplicando los valores de hace una década.
En el ámbito local, el Servicio de Salud Concepción (SSC), el cuarto más importante en su tipo a nivel nacional, se sitúa en el ojo del huracán. Se estima que entre el 5% y el 8% del gasto nacional —cerca de $366 millones de pesos— corresponde a fallos adversos por casos ocurridos en sus recintos durante el año 2025.
Casos Notables
Los fallos de los tribunales superiores han elevado el estándar de exigencia, dejando claro que las infecciones mortales o los errores quirúrgicos no son «mala suerte», sino fallas estructurales del Estado.
- Hospital Regional de Concepción (Guillermo Grant Benavente):
- Infecciones fatales (abril 2025): La justicia condenó al recinto por la muerte de una paciente (M.) tras contraer una infección intrahospitalaria, acreditando condiciones sanitarias deficientes.
- Violencia obstétrica (mayo 2025): La Corte Suprema ratificó negligencia en un parto por uso inadecuado de oxitocina, lo que terminó en una histerectomía (pérdida de capacidad reproductiva) de una paciente primeriza.
- Secuelas irreversibles (julio 2024): Una atención descidada dejó a un paciente en condición de paraplejia, obligando a una millonaria reparación patrimonial.
- Hospital de Lota:
- Falta de cuidado (diciembre 2025): El SSC deberá pagar $150 millones a la familia de un adulto mayor de 74 años que falleció tras caer de su cama. El tribunal sentenció que el hospital falló en su deber de supervisión constante, dada la fragilidad del paciente.
El «hoyo negro» presupuestario y la crisis de responsabilidad
Más allá del drama humano, surgen interrogantes críticas sobre cómo se administran estos Establecimientos Autogestionados en Red (EAR):
- ¿Presupuestos «ficticios»? Resulta alarmante que estas cifras no se proyecten con transparencia en el presupuesto 2026. Los pagos suelen aparecer mediante modificaciones «sobre la marcha», ocultando el impacto real en las arcas fiscales. Además, a estas cuentas deben sumarse los costos por despidos injustificados y tutelas laborales de funcionarios, otro foco de fuga de recursos.
- Gestión en Cuestión: Los directores de estos hospitales son elegidos por Alta Dirección Pública (ADP) y están sujetos a convenios de desempeño. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Se evalúa el aumento de negligencias en sus metas anuales? Un dato sugerente: el actual director del Hospital de Lota es quien subroga hoy la dirección del Servicio de Salud Concepción, a pesar de las condenas que afectan a su gestión.
Conclusión: Un sistema que paga, pero no aprende
El aumento exponencial en las indemnizaciones sugiere que el Estado prefiere pagar por sus errores que invertir en corregir las fallas estructurales que los causan. Mientras las cifras sigan subiendo, la pregunta para los habitantes del Gran Concepción sigue siendo la misma: ¿Es hoy el hospital público un lugar seguro?.
SOJ
