Lo que comenzó como incidentes aislados se ha transformado en una estadística alarmante. Según cifras reveladas por el Seremi de Seguridad, Richard Soto, la Región del Biobío atraviesa un complejo escenario escolar: desde el 1 de marzo a la fecha, ya se contabilizan 258 denuncias por hechos de violencia, que van desde amenazas y rayados hasta situaciones de extrema gravedad delictual.
Esta cifra no es menor, ya que representa más de un tercio (36%) del total de denuncias registradas en todo el país, situando a la región en el centro de la preocupación gubernamental.
De la indisciplina al delito
El panorama descrito por las autoridades revela una preocupante escalada en la naturaleza de los incidentes. El Seremi Soto advirtió que muchas de estas intervenciones han derivado en hallazgos criminales:
«Lamentablemente, algunas situaciones han sido constitutivas de delitos. En los procedimientos realizados por Carabineros y la PDI tras las denuncias, se han encontrado armas y drogas dentro del contexto escolar», señaló la autoridad.
Un fenómeno bajo la lupa policial
A nivel nacional, el Ministerio Público ha recibido 700 denuncias por amenazas de ataques en las últimas semanas. Este fenómeno, que tomó fuerza tras el violento episodio registrado en Calama a fines de marzo, ha obligado a decenas de colegios a suspender sus actividades y activar protocolos de emergencia.
Para frenar esta ola de violencia, se ha desplegado una fuerza de tarea conjunta que incluye a:
- SIP y Labocar de Carabineros: Encargados de las peritajes en terreno y la investigación policial.
- Brigada del Cibercrimen de la PDI: Enfocada en rastrear las amenazas vertidas a través de redes sociales.
Tipificación de los hechos
Las investigaciones en curso no solo apuntan a la convivencia escolar, sino a delitos tipificados por la ley, tales como:
- Amenazas de atentados y falsas alarmas de emergencia.
- Amenazas a la autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
- Infracciones a la Ley de Drogas y Control de Armas.
La autoridad regional reafirmó que no habrá impunidad ante estos actos que, además de poner en riesgo la integridad física de las comunidades, vulneran el derecho fundamental a la educación en un entorno seguro.
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