Lo que comenzó como una serie de contratos por emergencia hoy se transforma en una ofensiva fiscalizadora sin precedentes. El Consejero Regional y presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Santibáñez Bastidas, ha encendido las alarmas sobre una presunta red de adjudicaciones mediante tratos directos que favorecerían sistemáticamente a la empresa San Nicolás y otras entidades, involucrando cifras que superan los $205 millones.
El consejero aseguró por su cuenta de X que «desde el @CoreBioBio investigaremos a fondo la red detrás de las múltiples adjudicaciones TRATO DIRECTO para la empresa SAN Nicolás, (…) favorecida con millonarios contratos con el @GobiernodeChile durante administración de @GabrielBoric, Biobío parece ser la raíz».
La punta del iceberg: ¿Ayuda humanitaria o lucro político?
La denuncia apunta al corazón de la administración actual. Según Santibáñez, los recursos destinados a paliar las tragedias que han golpeado a la región podrían haber sido desviados de su fin original.
«Con el dolor de las personas en el Biobío no se puede lucrar», sentenció el consejero, calificando estas adjudicaciones como una posible «punta del iceberg» de irregularidades mayores en el Ministerio del Interior bajo el actual Gobierno.
Los tres pilares de la fiscalización:
- Rastreo de firmas: Se busca identificar a los funcionarios responsables de autorizar estos tratos directos y establecer si existen vínculos políticos con autoridades o exautoridades de Interior.
- El rol de los Delegados: Se cuestiona la discrecionalidad de los Delegados Presidenciales en el uso de los mecanismos de emergencia.
- Auditoría al 5% Regional: Por ley, Interior retiene el 5% del presupuesto de los GORE para catástrofes. Santibáñez defiende la facultad del CORE para auditar cómo se han gastado estos fondos que, en origen, pertenecen a la región.
La sombra de la opacidad: Penco y Tomé en alerta
La preocupación se extiende a los procesos de compra que actualmente lideran Senapred, Minvu e Interior. El llamado de alerta es preventivo: evitar que se repitan los cuestionados episodios de Valparaíso y Viña del Mar.
- El riesgo: Que la urgencia de la catástrofe se utilice como un «cheque en blanco».
- La exigencia: Transparencia total en los cierres de gestión, especialmente en comunas críticas como Penco y Tomé, antes de que el daño al patrimonio público sea irreversible.
La ruta de la investigación
A través de sus canales oficiales, Santibáñez fue enfático: «Investigaremos a fondo la red detrás de estas adjudicaciones. Es imperativo, por estricta responsabilidad fiscal, investigar quiénes son los funcionarios que estamparon su firma para autorizar estos tratos directos. Debemos establecer con claridad su relación política con actuales o ex autoridades del Ministerio del Interior o Gobierno y qué rol jugaron los delegados Presidenciales en el uso del mecanismo de emergencia». La ofensiva busca determinar si estos fondos de emergencia terminaron, potencialmente, financiando de manera irregular la actividad política», enfatizó el presidente de la Comisión de Presupuesto del Consejo Regional del Biobío.
Próximo paso: El Consejo Regional solicitará un informe detallado de las ejecuciones de la Delegación Presidencial de los últimos cuatro años.
SOJ
