«Hoy estuvimos en Contulmo para expresar nuestro respaldo a la familia Grollmus y reafirmar la convicción de que esto es mucho más que un conflicto privado».
«Es el Estado de Chile el que debe actuar unido, proteger a quienes fueron atacados y asegurar que la justicia pueda trabajar sin amenazas ni presiones. En la Macrozona Sur, la violencia terrorista no debe quedar impune». Al calificar formalmente el ataque como «violencia terrorista» y asegurar que excede a un problema entre particulares, el jefe de la cartera de Seguridad fija la postura del Ejecutivo: garantizar que el tribunal actúe con blindaje frente a posibles presiones o amenazas de grupos radicales y dar una señal de firmeza institucional en la zona.
A casi cuatro años de una de las noches más oscuras en la historia reciente de Contulmo, la justicia chilena se prepara para sentar en el banquillo a los presuntos responsables. El próximo 23 de junio comenzará el juicio oral por el atentado al Molino Grollmus, un hito judicial.
El caso se remonta a la noche del 29 de agosto de 2022, cuando un grupo de más de 20 encapuchados armados —pertenecientes a la organización radical Resistencia Mapuche Lafkenche— irrumpió en la propiedad. El ataque no solo redujo a escombros una estructura con un invaluable valor patrimonial, sino que dejó una profunda huella de violencia: tres personas resultaron con lesiones graves, entre ellas Carlos Grollmus, quien sufrió la amputación de una de sus piernas a causa de los impactos de bala.
En el marco de su despliegue por la Región de La Araucanía, Arrau utilizó sus redes sociales para subrayar la magnitud de la instancia judicial que se avecina:
«21 imputados deberán responder ante la justicia por el ataque armado y el incendio que destruyó el Molino Grollmus y golpeó brutalmente a su familia. Que este caso llegue a juicio es fruto de una investigación extensa y persistente, encabezada por el Ministerio Público y desarrollada con el trabajo de la PDI, Carabineros y la Armada».
Un conflicto de Estado en Contulmo
Durante una visita en terreno a la comuna de Contulmo, en la Región del Biobío, el político se reunió con los afectados para manifestarles su apoyo de cara al inicio de las audiencias. Para Arrau, el proceso judicial que está por comenzar excede las fronteras de una disputa entre particulares.
«Esto es mucho más que un conflicto privado», enfatizó la autoridad, haciendo hincapié en que el destino de la Macrozona Sur depende de la firmeza de las instituciones. «Es el Estado de Chile el que debe actuar unido, proteger a quienes fueron atacados y asegurar que la justicia pueda trabajar sin amenazas ni presiones. La violencia terrorista no debe quedar impune», concluyó.
El juicio, que promete ser uno de los más complejos del año en la región debido a la cantidad de imputados y la gravedad de los delitos (homicidio frustrado, incendio y receptación, entre otros), será seguido de cerca como un termómetro de la capacidad estatal para sancionar la violencia rural en la zona.
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