Recientemente se ha presentado un proyecto de ley que busca obligar a los familiares a visitar a las personas mayores, estableciendo incluso sanciones de multa. La iniciativa, aunque bien intencionada, pone el foco en la visita cuando el problema de fondo es otro: la falta de cuidados.
Las visitas pueden ser valiosas, pero no garantizan cuidado. Convertirlas en una obligación legal corre el riesgo de infantilizar a las personas mayores y reducir su dignidad a la presencia forzada de otros, en lugar de asegurar apoyos reales y continuos.
Además, cualquier legislación en esta materia debe considerar las circunstancias. En un país donde aún persiste la figura de los “papitos corazón”, cabe preguntarse si será justo obligar a hijos e hijas a hacerse cargo de padres que estuvieron ausentes. No se trata de legitimar el rencor, sino de que prime la justicia y no supuestos familiares que no siempre existen.
Cuando el Estado centra la respuesta en la visita, desplaza el problema hacia la esfera privada y evita hacerse cargo de lo estructural: sistemas de apoyo insuficientes, sobrecarga de cuidadores y ausencia de una política integral de cuidados.
El cuidado exige corresponsabilidad. No solo del Estado y las familias, sino también de los privados, la academia y la sociedad civil, que deben contribuir con servicios, formación, evidencia y redes comunitarias.
En definitiva, el cuidado no se reduce a visitas por ley. El envejecimiento es un desafío colectivo que requiere políticas públicas justas, integrales y centradas en la dignidad de las personas mayores.
Nicolás Gagliardi Suazo
Miembro de la Red Interamericana de Envejecimiento Activo y Saludable (Ries Gaudium)RI
