El principio de probidad que rige a la administración pública en Chile vuelve a evidenciar una incómoda disparidad de criterios. Mientras el pleno de la Corte Suprema aplicó la sanción más drástica del ordenamiento jurídico —la remoción inmediata de sus cargos— a 11 magistrados por el uso irregular de licencias médicas, argumentando un daño irreparable a la fe pública y la pérdida total de confianza, en el Servicio de Salud Concepción (SSC) la vara para medir faltas gravitantes a la ética administrativa resultó notablemente más indulgente.
Pese a que la Contraloría Regional del Biobío acreditó un esquema sostenido de abandono de funciones, cobro indebido de fondos públicos e intrusión informática, el sumario disciplinario contra Miguel Alarcón González, presidente de la FENATS de la Dirección del SSC, concluyó únicamente con una medida de suspensión temporal del cargo. La resolución libró al dirigente de la destitución, sin embargo ahora deberá restituir un monto que asciende a los $13 millones.
La anatomía de una ausencia remunerada
El trasfondo del caso quedó expuesto en el requerimiento N° E583894/2024 de la Contraloría Regional del Biobío. La fiscalización detalló un mecanismo mediante el cual el dirigente gremial desvió recursos del presupuesto de salud en beneficio propio:
- Sobretiempos fiscales para «conversar con socios»: Entre enero de 2022 y marzo de 2024, Alarcón percibió $9.803.969 exclusivamente por concepto de horas extraordinarias diurnas y nocturnas. El propio dirigente reconoció ante los fiscalizadores que los sábados asistía brevemente a tareas operativas por la mañana, dedicando el resto del día a permanecer en la sede sindical realizando «actividades gremiales, conversar con socios y tiempos libres». La jurisprudencia administrativa de la Contraloría prohíbe de manera categórica imputar labores sindicales al pago de horas extraordinarias.
- Un funcionario sin puesto de trabajo real: Aunque figuraba contratado formalmente en la Unidad de Mantención —ubicada a 2,2 kilómetros de distancia, en el ex Hospital Traumatológico—, el 92% de sus marcaciones de jornada se realizaron en el edificio central del SSC, donde no tenía funciones asignadas. La investigación reveló una total ausencia de «huella laboral»: en un periodo de 865 días hábiles, su clave de usuario solo registró movimientos en el sistema institucional en seis oportunidades.
- Uso no autorizado de credenciales de su jefatura: Para simular gestiones operativas y validar movimientos en el sistema de gestión de materiales, Alarcón utilizó en 82 ocasiones las credenciales y la clave de acceso de su superior directo, Louis Chabouty, vulnerando los protocolos de seguridad de la información del servicio.
- 28 días de inasistencias «blanqueadas»: Se corroboró que el dirigente no asistió a sus labores en 28 jornadas entre 2022 y 2024, justificando sus ausencias de forma extemporánea mediante permisos gremiales tramitados días después de producida la falta, impidiendo a la jefatura planificar la continuidad del servicio.
SEGUNDO CASO DETECTADO No sólo al dirigente de la FENATS se le detectaron irregularidades por parte de la Contraloría, las incongruencias administrativas también fueron observadas por el Ente Contralor. El segundo caso no es más ni menos que el jefe de la Unidad de Mantención, Louis Chabouty García. En efecto, las observaciones e irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en relación respecto de este último funcionario encargado de una unidad de la Dirección del Servicio de SaludConcepción (SSC), son las siguientes: - Falta de control jerárquico: Como jefatura directa del funcionario Miguel Alarcón González, solicitaba mensualmente la autorización de horas extraordinarias para realizar labores habituales (rendición de fondo fijo, compra de materiales, programación). La Contraloría determinó que incurrió en una falta de control jerárquico (exigido por el artículo 11 de la Ley N° 18.575), al no verificar el cumplimiento ni la permanencia real del funcionario en dichas labores extraordinarias ni mantener un control de las actividades que este realizaba los días sábados.
- Uso inapropiado de claves de acceso institucional: Admitió tener conocimiento de que el funcionario a su cargo ingresaba a los sistemas informáticos del servicio (como el sistema de gestión de materiales) utilizando su clave personal de usuario. Se registraron 82 ingresos con la clave de Louis Chabouty para justificar labores del subordinado, lo cual vulnera la normativa sobre seguridad y confidencialidad de la información del Estado (Decreto N° 83 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia).
- Incongruencias sobre la jornada y lugar de trabajo del personal: Declaró a los fiscalizadores que el funcionario a su cargo comenzaba la jornada en la Unidad de Mantención (ex Hospital Traumatológico) y luego se trasladaba a la Dirección. Sin embargo, el examen de marcaciones reveló que en el 92% de los días el funcionario registró su asistencia directamente en la Dirección general sin contar con un puesto de trabajo asignado allí, lo que contradijo lo informado por la jefatura.
La paradoja de las sanciones administrativas
A la luz del Estatuto Administrativo, la acumulación de infracciones como el abandono de deberes, el uso indebido de claves informáticas, la falsificación de jornadas laborales y la apropiación indebida de caudales públicos constituyen las causales objetivas más directas para aplicar la expulsión definitiva del aparato público.
Sin embargo, frente al estándar implacable de la Corte Suprema —que entendió que la transgresión a la probidad socava la credibilidad de la función pública de forma irreversible—, el Servicio de Salud Concepción optó por una salida atenuada que le permite al líder sindical conservar su calidad de funcionario público tras cumplir la suspensión.
El proceso entra ahora en su fase patrimonial, ya que el dictamen ratifica la obligación imperativa del SSC de ejecutar la cobranza y restitución de los $13 millones mal percibidos. El expediente permanece bajo la revisión activa de la Contraloría General de la República, dejando abierto el debate sobre la equidad y la rigurosidad de los controles disciplinarios dentro de las distintas reparticiones del Estado.
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