La sombra de la corrupción se extiende sobre el exadministrador municipal de Chillán, Richard Guzmán Fernández, luego de que la Fiscalía Local le imputara cinco nuevos delitos de negociación incompatible en carácter reiterado. Estos nuevos cargos se suman a los tres delitos del mismo tipo por los cuales ya había sido formalizado en marzo pasado, elevando a ocho los hechos investigados.
La fiscal subrogante Valentina Hormazábal González lideró la nueva formalización ante el Juzgado de Garantía de Chillán, detallando un esquema de presunto conflicto de interés durante el ejercicio del imputado en 2021.
El Esquema del Conflicto de Interés
La investigación, desarrollada en colaboración con la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, apunta a que el exadministrador Guzmán mantuvo una empresa activa que había fundado en 2017 junto a un socio.
Según la fiscal Hormazábal, el imputado habría intervenido directamente en ocho operaciones municipales que beneficiaron a su socio, omitiendo deliberadamente su deber de inhabilitarse ante el evidente conflicto de interés que exige la normativa para los funcionarios públicos.
Entre las acciones cuestionadas que Guzmán instruyó en favor de su socio se encuentran:
- La contratación directa en el municipio.
- La renovación reiterada de contratos.
- El aumento de grados laborales en dos oportunidades distintas.
La fiscal fue clara al señalar que Guzmán vulneró dos cuerpos legales clave de la administración pública: el artículo 62 de la Ley 18.575 (Bases Generales de la Administración del Estado) y el artículo 12 de la Ley 19.880 (Procedimiento Administrativo).
«El imputado debió inhabilitarse de intervenir en la contratación de su socio, manifestando la implicancia que lo afectaba a su superior jerárquico, cosa que no hizo», precisó Hormazábal.
Como medida cautelar, el Juzgado de Garantía de Chillán resolvió mantener la prohibición de salir del país para Guzmán Fernández, mientras la Fiscalía avanza en esta compleja investigación.
SOJ
