Un demoledor informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en jaque el desempeño de Carabineros de Chile en los controles de tránsito. La auditoría, que abarcó la Región Metropolitana entre enero de 2023 y junio de 2024, ha destapado una serie de irregularidades de tal magnitud que ya motivaron un sumario administrativo interno y la remisión de los antecedentes al Ministerio Público.
El informe N°158-2025 de la CGR es lapidario: se detectó que un impactante número de 626 vehículos con encargo por robo no fueron incautados, a pesar de haber sido fiscalizados directamente por la policía uniformada. De estos, 358 aún mantenían el encargo vigente al 13 de noviembre del año pasado, lo que subraya una falla sistémica en la cadena de procedimientos.
Pero la lista de deficiencias no termina ahí. La Contraloría también reveló que 144 personas con órdenes de detención pendientes –por delitos tan graves como abuso sexual, tráfico y microtráfico de drogas, porte ilegal de armas o infracciones a la Ley de Tránsito– tampoco fueron detenidas tras ser controladas por los funcionarios policiales.
Falta de Protocolos, Deficiencias Tecnológicas y Vehículos Infractores en Circulación
Uno de los hallazgos más preocupantes es la omisión generalizada en la verificación de datos. En más de 145 mil procedimientos de fiscalización, Carabineros no consultó las patentes en el Sistema Unificado de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SUEV), lo que imposibilitó verificar el estado legal de los automóviles controlados.
A esto se suma la alarmante constatación de la inexistencia de dispositivos para medir el nivel de transmisión luminosa de los vidrios, impidiendo así una fiscalización efectiva del uso de vidrios polarizados, una práctica que a menudo esconde actividades ilícitas.
«Se advirtió la falta de una serie de procedimientos y normativas, tales como la estandarización en el uso de los sistemas informáticos, la validación de registros en AUPOL y el uso del Sistema de Información Operativa (SIO)», señala el documento de la Contraloría, apuntando a una desorganización y falta de capacitación en el manejo de herramientas críticas.
La auditoría también reveló que, durante el periodo analizado, Carabineros emitió 869 boletas de citación que exigían el retiro de vehículos por diversas infracciones (circular sin patente, sin revisión técnica o sin seguro obligatorio). Sin embargo, la gran mayoría de estos móviles continuaron en circulación, desafiando la autoridad y poniendo en riesgo la seguridad vial.
En sus descargos, Carabineros explicó que, en el caso específico de la comuna de Melipilla, no fue posible retirar los vehículos infractores debido a que el aparcadero municipal se encuentra con su capacidad máxima desde 2024. Como respuesta, la CGR no solo ordenó al municipio implementar medidas correctivas, sino que también anunció una auditoría adicional en esa y otras comunas para verificar la gestión de los vehículos incautados.
Ante la gravedad de los hallazgos, el órgano contralor ha instruido a Carabineros a elaborar y remitir un protocolo detallado para el uso del sistema SUEV, así como a acreditar el avance en la adquisición de tecnología para el control de vidrios polarizados, todo esto en un plazo perentorio de 60 días hábiles. Este informe pone de manifiesto la urgente necesidad de una profunda revisión y mejora en los protocolos y recursos de Carabineros para asegurar la efectividad de sus controles y la seguridad de la ciudadanía.
SOJ
