La planta de Camanchaca en Coronel se prepara para un escenario complejo. La empresa ha anunciado que, una vez que entre en vigor la ley de fraccionamiento —cuya tramitación aún genera controversia—, la operación se mantendrá, pero con una inevitable reducción de la producción y, consecuentemente, una disminución en la dotación de empleos a partir del próximo año.
La mencionada ley de fraccionamiento, destinada a definir cuotas de pesca, ha sorteado ya su paso por la comisión mixta, aunque sin lograr la satisfacción de todos los sectores involucrados. Su proceso legislativo aún no concluye, y Camanchaca ha señalado que esperará su publicación oficial para estudiar eventuales acciones legales contra la normativa.
Se desconoce el número de empleos que Camanchaca va a reducir cuando entre en régimen la inminente futura ley.
Aranceles a la Pesca Internacional: Otro Obstáculo
A las preocupaciones derivadas de la ley de fraccionamiento se suma un nuevo factor que impactará los costos operativos: el arancel fijado para la compra de pesca internacional. Según ha explicado un representante de la compañía, este gravamen de 95 dólares por tonelada afecta directamente a la industria, especialmente a las empresas más pequeñas de la zona, que dependen de la adquisición de recursos pesqueros fuera de las 200 millas de exclusividad.
La combinación de la inminente ley y el aumento de los aranceles dibuja un panorama desafiante para Camanchaca en Coronel, anticipando una reconfiguración de sus operaciones y un impacto directo en el empleo local.
SOJ
