Con el fin de conseguir el despacho de la Ley de Presupuestos 2027 este último jueves, el Senado desarrolló su tercera jornada de votaciones en particular. La Sala aprobó las partidas del Ministerio Público, de Minería con reposición de los recursos rechazados en la Cámara Baja, de Vivienda y Urbanismo, y de Interior. En el debate sobre los recursos para la Fiscalía, el senador Alfonso de Urresti (PS) solicitó información al Ejecutivo sobre el grado de implementación de la Ley 21.812 (Fiscalía Supraterritorial) y de la Ley de Fortalecimiento al Ministerio Público, particularmente respecto de la creación de cargos y el despliegue de fiscales en regiones.
El parlamentario mencionó la situación de Los Ríos y cuestionó que el presupuesto pudiera alterar obligaciones establecidas por ley. “Éste es un mandato legal; usted es el director de Presupuestos» –le dijo a José Pablo Gómez–, y nosotros estamos votando un presupuesto que no puede alterar un mandato legal, se está vulnerando una norma expresa”, manifestó en su intervención. En la misma línea, el senador Karim Bianchi (IND) expresó preocupación por los plazos para concretar la Fiscalía Supraterritorial y por la oportunidad con que llegarán los recursos para su funcionamiento. “Si nos planteamos que la seguridad y en el ámbito investigativo es importante, entonces los fondos deben llegar a tiempo para que tengamos el personal”, sostuvo.
Bianchi también cuestionó las restricciones administrativas que, según planteó, podrían afectar la autonomía operativa del Ministerio Público. Como ejemplo, señaló que la necesidad de informar a la Dirección de Presupuestos sobre determinados gastos de traslado podría retrasar diligencias y comprometer la reserva de las investigaciones. En respuesta, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, indicó que durante 2026 se suplementó el presupuesto en cerca de $10 mil millones para avanzar en la implementación de ambas leyes, y recordó que existen glosas que obligan al Ministerio Público a informar trimestralmente sobre ese proceso. “Nosotros estamos en plena coordinación con el Ministerio Público para la implementación de ambas leyes y, necesariamente, en esa lógica para el cumplimiento de cada uno de los puntos que se señalan en ella”, aclaró Gómez.
Ministerio del Interior
La partida del Ministerio del Interior se aprobó con un foco puesto en la reposición de recursos para el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, conocido como Ley Cholito. Durante el debate, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Ejecutivo incorporará $282 millones adicionales para Senapred y $1.000 millones para el programa de protección animal. Y José Pablo Gómez explicó que el refuerzo para la respuesta ante emergencias también considera una mayor flexibilidad para los gobiernos regionales.
“En el presupuesto de los Gore se amplió la flexibilidad para atender situaciones de emergencia de un 2% del presupuesto a un 4%”, adujo. Añadió que se repondrán los recursos de Senapred mediante una indicación, se incrementarán los fondos disponibles desde el Ministerio del Interior y se conformará una mesa de trabajo para avanzar en la modernización del servicio. La senadora Andrea Balladares (RN) valoró el anuncio y sostuvo que el fortalecimiento de Senapred debe ser una prioridad, considerando las catástrofes que enfrenta el país. “Tanto el presupuesto como el número de funcionarios, la dotación, la capacidad técnica y de equipos que pueda tener el servicio son esenciales”, remarcó.
Desde la Izquierda, la senadora Daniella Cicardini (PS) cuestionó que el Ejecutivo primero redujera los recursos y luego anunciara suplementos que, a su juicio, no compensan el recorte. En particular, Cicardini advirtió que el aumento para la Ley Cholito no recupera el financiamiento previo: “En este caso son 3.600 que recortaron a 500, y ahora le hacen un aporte de 1.000. Sigue siendo igual de insuficiente, ni siquiera llega a la mitad”.
Vivienda y Urbanismo
La discusión de la partida de Vivienda y Urbanismo se concentró en las condiciones para financiar la ejecución de proyectos habitacionales, particularmente aquellos acogidos al Decreto Supremo 49. El senador Javier Macaya, de la UDI, manifestó su preocupación por las dificultades que podrían enfrentar las pequeñas y medianas constructoras, especialmente en regiones, si se restringen los anticipos de subsidios y los préstamos de enlace. Advirtió que las empresas necesitan financiamiento durante la ejecución de las obras para cubrir remuneraciones, materiales y subcontratos, y que las restricciones podrían paralizar proyectos pequeños, incluso aquellos de no más de 20 viviendas.
En tanto, la senadora Alejandra Sepúlveda criticó la denominada glosa número tres propuesta por el Ejecutivo, al considerar que introduce trabas burocráticas que dificultan la ejecución de los subsidios y la construcción de viviendas, particularmente en sectores rurales y regiones. “Lo único que están haciendo es frenar la vivienda en las regiones, en los sectores rurales donde además se necesita en forma urgente el empleo. Este es un ministerio generador de empleo”, dijo.





