Un incidente de alta tensión se vivió recientemente en el Hospital Base de Los Ángeles, donde un interno del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Mulchén, que era sometido a una cirugía ambulatoria, desató amenazas contra el personal de salud y su custodio de Gendarmería. El hombre, de 34 años, reaccionó de manera violenta al enterarse de que sería dado de alta, exigiendo permanecer hospitalizado.
Este recluso alteró su comportamiento al conocer la decisión médica. En ese momento, comenzó a proferir insultos hacia los funcionarios de salud que lo atendían y, de forma particularmente grave, dirigió sus amenazas al gendarme a cargo de su seguridad.
A pesar de los intentos por calmarlo, el interno mantuvo su actitud desafiante. De manera explícita, acusó a los presentes de haber influido para que no lo dejaran internado, afirmando que «habían metido la cola para que no me dejen hospitalizado». Acto seguido, y de forma aún más alarmante, sentenció al funcionario de Gendarmería, declarando que lo sumaría a la lista de personas «que tengo que matar en la calle».
Este grave episodio, protagonizado por un individuo que cumple condena en el CDP de Mulchén, no quedó impune. Como medida disciplinaria, se le impuso una privación de toda visita por un periodo de 30 días.
La infracción cometida por el interno se enmarca en lo establecido por el artículo 78, letra A, del Decreto Supremo 518 de 1998 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual sanciona expresamente «la agresión, amenaza o coacción a cualquier persona, tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario». Este incidente resalta los riesgos y desafíos que enfrenta el personal penitenciario y de salud al custodiar y atender a reclusos.
SOJ
