El proyecto de ley que busca establecer normas generales sobre el Uso de la Fuerza (RUF) para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) ha superado su último escollo en el Senado. Tras una intensa jornada de debate y votaciones particulares, la Sala de la Cámara Alta despachó la iniciativa, enviándola a su tercer y definitivo trámite en la Cámara de Diputados.
La sesión del Senado, que se extendió por dos días, abordó puntos cruciales y generó acaloradas discusiones. Uno de los temas centrales fue la propuesta de reponer atribuciones a la justicia militar para causas que involucren a personal de las Fuerzas Armadas y de Orden en el ejercicio de sus funciones. Esta indicación, presentada por senadores de oposición, buscaba que estos casos fueran siempre conocidos por los tribunales establecidos en el Código de Justicia Militar, excluyendo el juzgamiento de civiles involucrados por la justicia castrense.
La senadora Luz Ebensperger (UDI) y el senador Javier Macaya (UDI) defendieron con ahínco la admisibilidad de la indicación, argumentando que no se trataba de otorgar nuevas facultades, sino de extender una ya existente y garantizar un juzgamiento por jueces especializados. Sin embargo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se opuso rotundamente, calificándola de inadmisible por «alterar sustancialmente la regla de persecución penal», postura compartida por la senadora Claudia Pascual (PC). Finalmente, la Sala, en una votación dividida, declaró admisible la indicación, pero al momento de votar su contenido, fue rechazada por no alcanzar el quórum necesario de 24 votos a favor.
Otro punto álgido del debate fue el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, una indicación que, a pesar del respaldo del Ejecutivo, también fue rechazada por parte de los parlamentarios. El ministro Cordero lamentó esta decisión, señalando que «la oposición sostiene que la proporcionalidad no es un requisito exigible a Reglas del Uso de la Fuerza. En nuestra opinión la oposición confunde la proporcionalidad con una especie de regla de igualdad». Cordero explicó que el Gobierno distingue entre la «racionalidad» de la intervención y los «grados de intervención» según las circunstancias, considerando fundamental el principio de proporcionalidad para dar certeza a las fuerzas policiales.
Con la aprobación en general y en particular por parte del Senado, el proyecto de ley sobre el Uso de la Fuerza se encamina a su etapa final en la Cámara de Diputados, donde se espera un nuevo debate sobre estas sensibles materias antes de su eventual promulgación como ley de la República.
SOJ
