A más de un año de la sentencia histórica de la Corte Suprema que lo condenó a presidio perpetuo por su brutal rol en la ejecución de Laja-San Rosendo durante el gobierno militar, el ex teniente de Carabineros Alberto Fernández Mitchell sigue prófugo de la justicia. La Policía de Investigaciones (PDI) mantiene una intensa y discreta búsqueda para dar con el paradero del ex uniformado, cuyo nombre evoca uno de los capítulos más oscuros de la violación de derechos humanos en la región del Biobío.
La histórica causa, que culminó judicialmente en marzo de 2024 tras casi cinco décadas de dolorosa investigación, estableció la responsabilidad penal de Fernández Mitchell como autor principal de los homicidios calificados de 19 trabajadores de la papelera CMPC y de Ferrocarriles del Estado, crímenes perpetrados en septiembre de 1973. Sin embargo, el que fuera jefe de la Tenencia de Carabineros de Laja elude la acción de la justicia, sin haber sido notificado ni detenido para cumplir su condena, manteniendo en una dolorosa incertidumbre a las familias de las víctimas que por años han luchado por verdad y justicia.
Fuentes ligadas a la investigación revelan que la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, unidad especializada en crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar, coordina las diligencias para la captura de Fernández Mitchell. Los operativos se han focalizado en dos regiones clave: Tarapacá, específicamente en la comuna de Alto Hospicio, donde se presume que el ex teniente podría estar residiendo; y el Biobío, particularmente en Concepción, ciudad donde el prófugo mantendría importantes vínculos familiares.
La persistente impunidad en este caso emblemático no solo representa una herida abierta para los familiares de las víctimas, sino que también cuestiona la efectividad del sistema judicial para hacer cumplir las sentencias en casos de graves violaciones a los derechos humanos. La PDI enfrenta el desafío de romper el silencio y la posible red de protección que ha permitido a Fernández Mitchell mantenerse prófugo durante más de un año, reafirmando el compromiso del Estado chileno con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del terrorismo de Estado.
SOJ
