Los trabajadores advirtieron que el próximo lunes 25 de mayo, durante la visita del ministro de la Vivienda, Iván Poduje, esperan una solución concreta respecto a las deudas que se mantienen pendientes por parte de la empresa española Tapusa. De lo contrario, dijeron que podrían retomar maquinaria para obstaculizar la circulación en distintos puntos del Gran Concepción. El conflicto se produce luego de que el consorcio español dejara inconclusos proyectos adjudicados por el Estado por más de 58 mil millones de pesos en cuatro regiones del país: Ñuble, O’Higgins, Antofagasta y Biobío.
En la Región del Biobío, la situación afecta directamente tres iniciativas consideradas clave para la movilidad del Gran Concepción: el Puente Esmeralda, el Puente Perales y el Eje Colón, en Talcahuano. En medio de la crisis, subcontratistas entregaron nuevos antecedentes que profundizan el caso, entre ellos un viaje a España para intentar ubicar la sede administrativa de la empresa. En ese lugar –según los afectados– no se encontraron oficinas operativas vinculadas a las obras en Chile, sino sólo un espacio reducido al interior de un co-work, donde no habría personal que diera cuenta de la ejecución de los proyectos. La situación se agravó luego de que uno de los subcontratistas iniciara una demanda civil contra la empresa Tapusa para intentar recuperar recursos adeudados. Obtuvo la incautación judicial de una cuenta corriente asociada a la empresa en Chile, cuya respuesta bancaria reveló un saldo negativo de mil pesos.
Alex Gaete, vocero de los subcontratistas, indicó que «el único patrimonio que tiene son 22 vehículos, que no superan los 200 millones de pesos. En su cuenta corriente tienen menos de mil pesos. El problema grave que tienen todos los contratistas y subcontratistas es el factoring. Cuando Tapusa deja de pagar hace cinco meses al factoring, estamos hablando de miles y millones de pesos, y la deuda pasa automáticamente a todos los contratistas». Añadió que este mecanismo generó deudas, además de consecuencias laborales: «Tenemos acá contratistas que están adeudados en el factoring de 500 millones, 70 millones, 150 millones y así para abajo. Que los llaman todos los días, que la deuda es de ellos, que los meten a Dicom. Que estando en Dicom, un contratista no puede optar a trabajo».
La presión es ahora contra el Ministerio
Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo señalaron que se encuentran realizando gestiones administrativas y judiciales. El seremi de Vivienda de la Región del Biobío, Luis Villagra, indicó que se encuentran en proceso de cobro de boletas de garantía. «Ya cobramos una; son diferentes bancos, así que por lo tanto son diferentes procedimientos; cada banco tiene un procedimiento. Tenemos una boleta en poder de nosotros. El resto sigue, la liquidación sigue por la vía legal, está en Contraloría, toma de razón», manifestó.
Respecto de la situación financiera de Tapusa en el país, añadió que «nos causó sorpresa eso de que tienen 22 vehículos y no tienen nada en las cuentas corrientes. Eso lo vamos a mejorar, esos procedimientos». La situación suma presión sobre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cartera que además enfrenta otros desafíos en materia habitacional. Durante esta jornada se registró un nuevo hito en El Olivar con la demolición de viviendas reconstruidas que, según el Gobierno, presentaban problemas en su ejecución.
