En una nueva batalla legal contra el Ministerio del Interior británico, el príncipe Harry se presentó este martes ante el Tribunal de Apelación de Londres, con la firme intención de revocar la decisión que le niega protección policial financiada por el erario público durante sus visitas al Reino Unido. Este caso, que se extenderá por dos días, enfrenta al duque de Sussex, residente en Estados Unidos tras su salida de la familia real en 2020, con el gobierno británico, que ya ha obtenido fallos favorables en dos instancias previas.
El príncipe, de 40 años, llegó sonriente al tribunal poco antes de las 10:00 horas GMT (06:00 hora chilena), saludando brevemente a los periodistas presentes antes de ingresar a una audiencia que se desarrolló parcialmente a puerta cerrada para salvaguardar información de seguridad «altamente confidencial». Con un cuaderno en mano, Harry se ubicó detrás de su equipo legal en una sala repleta, tomando notas atentamente durante la primera jornada.
Tras su traslado a Estados Unidos junto a su esposa Meghan, el príncipe Harry perdió la protección policial sistemática que le brindaba el estado británico, optando el Ministerio del Interior por una evaluación de seguridad caso por caso en sus visitas. Esta decisión fue respaldada por el Tribunal Superior de Londres en febrero de 2024, que consideró la estrategia policial como «legalmente fundamentada» y sin constituir una «injusticia».
En la sesión de este martes, la abogada del príncipe, Shaheed Fatima, argumentó que su cliente «no acepta que se piense que una medida de seguridad hecha a medida signifique mejor». En instancias previas, los abogados de Harry habían defendido su necesidad de protección, incluso ofreciéndose a costearla con fondos personales, alegando que la falta de seguridad adecuada podría impactar negativamente la reputación del país. El príncipe ha sido particularmente sensible a este tema tras la trágica muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente automovilístico en París en 1997 mientras era perseguida por paparazzi.
En abril de 2024, un juez desestimó una solicitud previa de Harry y le ordenó cubrir casi la totalidad de los gastos legales del Ministerio del Interior, una suma cercana al millón de libras esterlinas (aproximadamente 1,3 millones de dólares). Este nuevo intento ante el Tribunal de Apelación representa una escalada en la batalla legal del príncipe por recuperar un nivel de protección que considera esencial durante sus visitas a su país natal, donde aún participa en diversas actividades caritativas. Su última visita fue en septiembre para la ceremonia de premios de la organización WellChild, que apoya a niños enfermos.
Esta audiencia se produce poco después de un revés para el príncipe Harry, quien anunció a finales de marzo su renuncia como patrocinador de su ONG Sentebale, fundada en 2006 para ayudar a huérfanos en Lesoto. El regulador británico de organizaciones benéficas abrió una investigación sobre la fundación el 3 de abril, lo que Harry calificó como un «alivio», denunciando las «mentiras» de la actual presidenta, Sophie Chandauka, quien lo había acusado de «acoso e intimidación».
El resultado de esta apelación será crucial para determinar las condiciones de seguridad del príncipe Harry en futuras visitas al Reino Unido, marcando un nuevo capítulo en su tensa relación con las instituciones británicas.
SOJ
