La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) ha expresado su profunda preocupación ante la Comisión de Intereses Marítimos del Senado respecto a la Ley de Fraccionamiento pesquero, asegurando que esta norma, en su actual redacción, es inconstitucional y podría desencadenar una serie de litigios.
Felipe Sandoval, presidente de Sonapesca, argumentó que la ley propuesta altera de manera arbitraria los acuerdos establecidos en la legislación vigente, los cuales fijan las cuotas de pesca hasta 2032. «Esta ley modifica las reglas del juego a mitad del partido, afectando derechos adquiridos por las empresas pesqueras», afirmó Sandoval.
Para respaldar su postura, Sonapesca presentó un informe del abogado constitucionalista Francisco Zúñiga, quien concluye que la ley propuesta constituye una expropiación indirecta y, por lo tanto, requeriría una indemnización por parte del Estado. Asimismo, se citó un estudio previo del actual subsecretario de Pesca, Luis Cordero, que advierte sobre los riesgos legales asociados a modificar unilateralmente los contratos de las licencias de pesca.
Sandoval también cuestionó la falta de sustento científico en la propuesta de fraccionamiento, así como las amplias facultades discrecionales otorgadas al Subsecretario de Pesca para determinar las cuotas. Además, señaló que la ley no considera los posibles impactos económicos y sociales negativos, como el cierre de empresas y la pérdida de empleos.
«Estamos dispuestos a dialogar y llegar a acuerdos», afirmó Sandoval. «Sin embargo, es fundamental abordar los problemas constitucionales y garantizar que la nueva ley sea justa, equitativa y sostenible para todos los actores involucrados».
Desequilibrios
La controversia en torno a la Ley de Fraccionamiento pesquero pone de manifiesto la complejidad de las negociaciones en el sector pesquero y la necesidad de encontrar un equilibrio entre los intereses de las empresas, los pescadores artesanales y la conservación de los recursos marinos.
SOJ
