La crisis financiera de Ueno Bank derivó en la renuncia formal del Jefe de Estado paraguayo, activando de inmediato el protocolo constitucional de sucesión sin convocatoria a elecciones generales. Cabe mencionar que Ueno Bank S.A. fue una importante entidad bancaria privada de Paraguay —controlada por el Grupo Vázquez—, que operaba con un fuerte enfoque digital y que contaba con cerca de 2,9 millones de clientes.
El ahora ex Mandatario Santiago Peña presentó su renuncia indeclinable al cargo tras el estallido de la crisis financiera provocada por Ueno Bank. La dimisión quedó sujeta a la aprobación del Congreso Nacional, estamento encargado de oficializar la salida del Jefe de Estado. De ratificarse la dimisión, el actual vicepresidente Pedro Alliana debería asumir la conducción del Poder Ejecutivo. El dirigente eventualmente tendrá que completar el mandato constitucional correspondiente al quinquenio 2023-2028, por lo que ejercería funciones hasta el 15 de agosto de 2028.
Debido a que la renuncia aconteció en los últimos dos años de gestión, la Constitución paraguaya exime la necesidad de convocar comicios populares. En consecuencia, la designación de quien ocupe la Vicepresidencia recaerá exclusivamente en los parlamentarios. Para resolver la vacancia vicepresidencial, el Poder Legislativo deberá sesionar de manera conjunta entre la Cámara de Diputados y el Senado. El nombramiento exigirá una mayoría absoluta de 63 votos sobre un total de 125 legisladores.
Santiago Peña sostuvo durante la alocución pública donde comunicó su salida en medio del pánico bancario que congeló depósitos de millones de clientes: «Es uno de los momentos más difíciles de mi vida». El mecanismo de cobertura legislativa cuenta con precedentes en el país sudamericano. Ocurrió en 2012 tras el juicio político a Fernando Lugo con la designación de Óscar Denis, y en 2018 con la nominación de Alicia Pucheta.
