Las medidas anunciadas por el gobierno estarán vigentes oficialmente sólo durante los próximos 17 meses.
El cierre de la siderúrgica Huachipato, anunciado a mediados de año, ha dejado una profunda huella en la región del Biobío. Esta decisión, que afecta directamente a 1.500 trabajadores directos y a un ecosistema de 162 empresas proveedoras que dan empleo a 4.000 personas, representa un desafío sin precedentes para la economía local.
Un plan de rescate con cifras
Ante esta compleja situación, el gobierno ha diseñado un plan de reactivación que contempla 32 medidas específicas. Entre ellas, destaca el compromiso de Corfo de destinar recursos para capacitar a los trabajadores afectados y facilitar su reinserción laboral. Además, la institución ofrecerá subsidios de hasta 35millonesalasempresasproveedorasparaapoyarsusinversionesyadaptarsealosnuevosescenarios.Elobjetivoesambicioso:desbloquearproyectosporuntotaldeUS 6.800 millones. Sin embargo, la pregunta que flota en el aire es si estas medidas serán suficientes para compensar el impacto del cierre de una industria que ha sido el motor económico de la región durante décadas. Y más aún: las medidas tienen fecha de caducidad eventual el 11 de marzo de 2026. Es decir en menos de 17 meses más. Después va a depender de la sensibilidad y la voluntad del nuevo gobierno -que asuma la administración del ejecutivo- para mantener, reformar o eliminar las medidas planteadas hasta ahora.
Un futuro incierto
Si bien el gobierno ha asegurado que las medidas estarán vigentes hasta marzo de 2026, la sostenibilidad de este plan a largo plazo es una incógnita. La capacidad de la región para diversificar su matriz productiva y atraer nuevas inversiones será clave para superar esta crisis.
«Estamos trabajando para generar una institucionalidad que permita la continuidad de estas políticas más allá de los cambios de gobierno», afirmó José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Sobre la extensión de las medidas, aseguró que “hay medidas muy concretas de corto plazo y mediano plazo. Nosotros nos podemos hacer cargo de esto hasta marzo de 2026. El desafío es que esto siga andando luego de esta administración». Sin embargo, la efectividad de estas iniciativas dependerá de factores como la coordinación entre los distintos actores involucrados y la capacidad de adaptación de la región a los nuevos desafíos globales.
El subsidio Corfo se aplicará “a las empresas establecidas que contraten a estas personas en labores productivas”, según informó su vicepresidente ejecutivo, el subsidio comenzará a aplicarse en octubre.
Para los trabajadores afectados también se han considerado capacitaciones complementarias a las competencias con las que ya cuentan.
“Huachipato no cierra porque quiebra y por lo tanto, CAP tiene entre $300 y $500 millones que son destinados exclusivamente, porque la ley así lo autoriza, para temas de capacitación”, según el ejecutivo.
“Hay otros jugadores que también son muy importantes, que son las empresas proveedoras de Huachipato. Esas empresas también van a sufrir porque ahora no van a tener ese poder de compra. Nosotros hicimos un catastro bien específico. Son 162 empresas proveedoras y 4.000 personas involucradas. Para ese tipo de empresas también hay considerado un apoyo”, explicó.
Según explicó Benavente, a través del programa Activa Inversión, Corfo cubrirá emergencias de hasta $35 millones “para inversiones en equipos u otras necesidades que estén orientadas a atender esa demanda y ese cambio”.
El impacto social
Más allá de las cifras y los planes de reactivación, el cierre de Huachipato tiene un profundo impacto social en la región. Miles de familias se verán afectadas por la pérdida de sus empleos, lo que generará un aumento del desempleo y la precarización laboral. Además, la disminución de la actividad económica podría tener un efecto negativo en los servicios públicos y la calidad de vida de los habitantes.
