Se llevó finalmente a cabo la promulgación de la reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal, para reducir la reincidencia y mejorar la persecución de los delitos de mayor connotación social. Incluye la ampliación de las técnicas especiales de investigación. La idea era introducir cambios al Código Penal y al Código Procesal Penal para una persecución penal más eficiente. La iniciativa introduce normas que consagran medidas de protección para entregar mayor seguridad a todos los actores del sistema penal que intervengan en causas sobre crimen organizado: fiscales, jueces, víctimas, testigos y agentes policiales.
Además, se perfeccionan las reglas sobre producción de prueba para juicios orales complejos, con la finalidad de terminar con la dilación de la impartición de justicia en este tipo de causas. Para endurecer las penas a reincidentes y mejorar la persecución del crimen organizado, la reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal Incorpora reglas para la agilización de los juicios orales. Asimismo, amplía la detención en casos de extranjeros y en casos de crimen organizado. Agrega también un estatuto que regula la cooperación eficaz, e incentiva a imputados y condenados a proporcionar información útil para desarticular asociaciones delictivas y criminales.
Adicionalmente, Incorpora normas que regulan expresamente los tribunales de tratamiento de drogas. Incluye cambios en la Ley 20.000 (que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas), añadiendo a Gendarmería de Chile y a la Dirección General de Asuntos Marítimos como destinatarios de recursos decomisados. Por otra parte, limita el plazo para que los bancos entreguen los antecedentes solicitados por el Ministerio Público, y regula la toma de muestras biológicas para huellas genéticas de imputados en situación irregular, previa autorización del tribunal a solicitud del Ministerio Público.
