Esta es la segunda vez que el hijo de Héctor Llaitul y los demás acusados son absueltos de los delitos imputados.
En fallo dividido, el tribunal –integrado por los magistrados Gino Viale Acosta (presidente), Ingrid Quezada Valdebenito (redactora) y Anamaría Sauterel Jouannet– determinó que las pruebas presentadas por la fiscalía no lograron demostrar la participación de los encartados en los hechos.
La Corporación de la Madera en la Región del Biobío expresó su profunda decepción tras la absolución de los implicados en el atentado al fundo Punta Arenas, uno de los más de 400 incidentes registrados en la región en los últimos cinco años. Este fallo, emitido por el tribunal oral en lo penal de Los Ángeles, absolvió a Ernesto Llaitul y otros cuatro acusados de los delitos de homicidio frustrado e incendio de camiones.
El tribunal, integrado por los magistrados Gino Viale Acosta, Ingrid Quezada Valdebenito y Anamaría Sauterel Jouannet, determinó que las pruebas presentadas por la fiscalía no fueron suficientes para demostrar la participación de los acusados en los hechos ocurridos en septiembre de 2021 en el sector Paraguay de Los Ángeles. Por lo tanto, junto a Llaitul fueron absueltos: Esteban Ignacio Henríquez Riquelme, Ricardo Delgado Reinao, Roberto Villouta Alcamán y Eduardo Mauricio Cornejo Vidal.
En febrero último la Corte de Apelaciones de Concepción, había anulado la sentencia dictada contra el hijo de Héctor Llaitul, quien fue condenado a 15 años de cárcel en aquella ocasión.
Para la Corporación de la Madera, este veredicto representa un golpe duro a la justicia y refleja la impunidad que prevalece en muchos casos de violencia en la región. «Es difícil comprender cómo, a pesar del tiempo dedicado a esta investigación, no se ha logrado una sentencia condenatoria. Conocemos de cerca el impacto que este tipo de fallos tiene en la seguridad y la tranquilidad de quienes viven en el sur de nuestro país», afirmó la organización.
Evidencias Insuficientes
El Ministerio Público había acusado a los cinco imputados de formar parte de una organización que planificaba y ejecutaba actos de reivindicación, incluyendo la usurpación de terrenos y sabotaje. El incidente en el fundo Punta Arenas involucró la intimidación armada de conductores de camiones forestales, el incendio de vehículos y disparos contra otros equipos.
Este caso subraya los desafíos persistentes que enfrenta el sistema judicial en la Región del Biobío, especialmente en la persecución efectiva de delitos graves que afectan a la comunidad y la propiedad privada. La comunidad espera respuestas claras y justas frente a actos de violencia que socavan la seguridad y el desarrollo de la región.
