La diputada Marlene Pérez (IND-UDI) ha impulsado firmemente la creación de una Comisión Investigadora para examinar el programa «Chile Crece con Orgullo» y evaluar los riesgos significativos asociados con las terapias hormonales utilizadas en menores para el cambio de género. Su llamado responde a las alarmas emitidas en el Informe Cass, ampliamente reconocido a nivel internacional, que alerta sobre potenciales efectos adversos graves a largo plazo, como la disminución de la densidad ósea, hipertensión e infertilidad.
Pérez enfatizó la gravedad del asunto al afirmar que «no podemos arriesgar la salud de los niños por motivos ideológicos. Existen pruebas de un posible abuso en la administración de estos tratamientos a menores, lo cual es sumamente preocupante. Es esencial que cualquier política pública asegure la seguridad y el bienestar de los menores, por lo que la creación de una comisión investigadora es imperativa».
El objetivo de esta comisión es proteger los derechos de los menores e investigar quién autorizó estos programas, qué regulaciones los respaldan, cuánto financiamiento reciben y cuál es su impacto real. La diputada subrayó que «no se trata de buscar culpables, sino de salvaguardar los derechos de los niños. No se puede permitir el uso indiscriminado de estos tratamientos sin estar completamente seguros de que no causarán daño. Los niños no deben ser sujetos de experimentación».
Además, Pérez expresó su inquietud por la falta de claridad y transparencia en las respuestas proporcionadas por la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, durante la investigación. Criticó la discrepancia entre la Ley de Identidad de Género, que establece la edad mínima de 14 años para ciertos tratamientos, y los informes que sugieren su administración desde los 10 años. Esta discrepancia, según la diputada, es motivo de alerta.
La parlamentaria también destacó la importancia del consentimiento informado de los padres en estos procedimientos y cuestionó cualquier posible presión gubernamental sobre los niños para definir su identidad de género.
«Estamos hablando de menores de edad. Debemos asegurarnos de que cualquier intervención médica se realice con el pleno consentimiento y conocimiento de los padres. No podemos permitir que se utilicen recursos públicos en prácticas que puedan tener consecuencias dañinas y permanentes, como la infertilidad», sostuvo.
