* El titular de la cartera de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó este lunes la disminución de los delitos violentos, la incautación de 112 toneladas de droga y los avances legislativos para fortalecer a las policías. Además, informó que el Presupuesto 2027 contempla cerca de $3,5 billones para el sector.
Según las cifras entregadas, al 18 de octubre se registraban 733 víctimas de homicidio, frente a las 867 contabilizadas a la misma fecha de 2025, lo que representa una disminución del 15,5% en los casos policiales. En tanto, los robos violentos disminuyeron un 14,3%, equivalente a 11.915 casos menos que el año anterior. En materia de narcotráfico, Arrau informó que Carabineros y la PDI han incautado 112 toneladas de droga al 18 de octubre, como parte del trabajo coordinado con el Ministerio Público.
Ataques violentos en la Macrozona Sur
Asimismo, destacó una disminución del 25,1% en los ataques violentos en la Macrozona Sur, tras la renovación del estado de excepción constitucional de emergencia. El secretario de Estado valoró la aprobación en el Congreso de la ley de Fortalecimiento de Carabineros, impulsada por el Presidente José Antonio Kast, que contempla recursos superiores a $106 mil millones en régimen. “Esta ley viene a beneficiar a los Carabineros que están en funciones operativas de mayor riesgo, a los alumnos y también, al personal que cumple todo tipo de funciones, extendiendo además la carrera”, explicó. Además, adelantó que se espera ingresar próximamente una iniciativa equivalente para la Policía de Investigaciones.
Fiscalización migratoria y control fronterizo
En materia migratoria, el ministro destacó un reciente operativo de la PDI que permitió detectar a 347 personas en situación irregular o con incumplimientos migratorios. También informó que los ingresos irregulares al país disminuyeron un 85,8% respecto del período anterior, mientras que las salidas forzadas y voluntarias registraron aumentos. Finalmente, Arrau destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre las policías, el Ministerio Público y otras instituciones para enfrentar el crimen organizado y prevenir la participación de niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas.
