Asistimos a la tramitación de la Ley de presupuestos 2027, en el contexto de una sempiterna discusión, en una iterativa procesión de rasgos ritualisticos, en que hacemos evidente el descontento de las regiones y sus pulsiones emancipatorias, año tras año, para asociar nuestra voz, en esta oportunidad a través de esta columna, al coro de voces que exige más recursos para las regiones y en especial para la nuestra, la región del Biobío.
En un horizonte permanente de esperanza y frustración, parafraseando a O`Donnell. Desde la Fundación República en Marcha, hemos intentado contribuir de manera permanente a la conversación pública sobre la necesidad de impulsar una agenda de descentralización que suponga ampliar la autonomía política, administrativa y fiscal para los órganos subnacionales descentralizados del Estado. Impulso desde un conjunto de medidas políticas, legislativas y administrativas orientadas a dotar a Municipalidades y Gobiernos Regionales de mayores herramientas para la gestión de su desarrollo territorial, en una dimensión que favorezca un marco competencial, fortalezca capacidades públicas y traspase mayores recursos que hagan posible la gestión del desarrollo en aquellas áreas de mayor pertinencia local y regional para ofrecer respuestas a los problemas públicos, desde políticas públicas que puedan articularse en flujos Endógenos o Bottom-UP y desde un rol subsidiario del Estado nacional en relación a los órganos subnacionales, en una gobernanza multinivel, para ofrecer respuestas oportunas, eficaces y eficientes a los problemas públicos atingentes al territorio.
Sin embargo, resulta insoslayable al menos para los propósitos de esta columna, que no se trata sólo de reclamar un recorte sujeto a ejecución presupuestaria o una expectativa de mayores recursos para el Gobierno Regional, por cierto la discusión es multidimensional y multifactorial y por ende envuelve una mayor complejidad. Y comienza por interrogarnos, sobre si sigue siendo la ejecución presupuestaria, el único instrumento válido para medir la eficiencia y la eficacia de un Gobierno Regional? Es posible planificar inversión que impacte el desarrollo, si año tras año se modifica el presupuesto regional y no existe certeza respecto de los recursos de los que se dispondrá, para a lo menos los próximos 3 o 5 años? especialmente atendiendo a que las inversiones de mayor envergadura e impacto se traspasan en convenios de programación plurianuales. ¿Que estamos haciendo con los recursos? ¿Cuáles son las inversiones que realmente impactan el desarrollo?
Esta última pregunta es particularmente pertinente cuando los resultados económicos, sociales y laborales de la región no sólo no son satisfactorios y están muy por debajo de los promedios nacionales, sino que suponen una crisis económica, social y humana. A pesar que es posible intencionar inversión qué favorezca el empleo al menos contemporáneo a la ejecución de algún proyecto, al hacer un simple análisis longitudinal y comparar la evolución anual del presupuesto regional (GORE) no se visualizan hallazgos que evidencien que exista necesariamente una correlación directa, entre presupuesto regional, la ejecución presupuestaria con el PIB de la región o el empleo.
Por ejemplo, si comparamos el 2024 y 2025, el presupuesto del Gobierno Regional en 2024 fue de 111. 313 millones y el 2025, 123.839 millones y el crecimiento del PIB regional fue de 2,5 y 0, 8% respectivamente, mientras el crecimiento del PIB nacional fue de 2,6 y 2,5%. En 2024, la ejecución presupuestaria fue de 89,5% y en 2025 de 98,6%, o sea el gasto ejecutado en el primer caso, recortes y ajustes mediante, fue 94.911 millones y en 2025 de 116.661 millones. El desempleo regional en 2024 era de 8,3% y en 2025 de 9,3%.
No cabe duda que la deliberación pública necesaria es aún mucho más profunda y compleja, pero en un contexto de voluntad política difusa, en que evidentemente la descentralización no parece asomar en la agenda pública como prioridad. Al menos en una agenda corta, sería pertinente sugerir comenzar a buscar mecanismos para desarrollar presupuestos para las regiones plurianuales, que favorezcan convenios de programación, en la búsqueda de inversiones más intensivas y de mayor impacto. Incorporar factores de eficacia y pertinencia a la evaluación de la gestión de los Gobiernos Regionales, que busquen medir no sólo ejecución presupuestaria en cuanto a velocidad de ejecución, si no impacto en el desarrollo, coherencia con los instrumentos de planificación, evaluación rigurosa de los indicadores de las ERD y lograr medir el fortalecimiento de las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas regionales más estructurales, para habilitar el despliegue de su potencial orientado al servicio del progreso, la mejora de la condición de vida de las personas.
La legitimidad democrática de un Estado depende de su capacidad de ofrecer respuestas a los problemas públicos y logran alcanzar mayor pertinencia, eficiencia y eficacia en la medida que alcanzan proximidad con las soluciones, los retos y desafíos de los territorios. Y cuando las decisiones institucionales, no sólo están sujetas al ordenamiento jurídico, sino logran ser percibidas como justas y las políticas públicas, los planes y programas, son justos cuando dejan de distinguir ciudadanos de distintas categorías según su código postal y comienzan a asignar y garantizar acceso equitativo a los bienes públicos sin distinciones arbitrarias y reconociendo iguales dignidades humanas, para promover la mejora sostenida de la condición de vida de las personas y el bienestar colectivo.
* Augusto Parra Ahumada, Ing.comercial, Postgrado en Ciencias Políticas UdeC, Postgrado en Gestión Pública Desarrollo Local y Regional.
