El Global Risk Report 2026 de Naciones Unidas ofrece un diagnóstico particularmente pertinente para comprender la discusión generada por la adhesión de Chile al denominado Escudo de las Américas, los riesgos globales son cada vez más interdependientes. Tensiones geopolíticas, crimen organizado, deterioro del Estado de derecho, desinformación, crisis económicas y competencia por recursos estratégicos comienzan a formar parte de un mismo ecosistema de amenazas. El informe constata que la guerra a gran escala y las tensiones geopolíticas ingresaron entre los diez principales riesgos en todas las regiones estudiadas y, simultáneamente, identifica las debilidades de gobernanza y coordinación como una de las principales barreras para enfrentarlos. Desde esa perspectiva debe analizarse el Escudo de las Américas.
Existe un primer aspecto que resulta razonable valorar. El narcotráfico y el crimen organizado transnacional no pueden combatirse exclusivamente desde las fronteras nacionales. Las organizaciones criminales articulan redes logísticas, financieras y tecnológicas que atraviesan jurisdicciones. Cooperación policial, intercambio de información, análisis de datos y coordinación fronteriza constituyen capacidades indispensables. Precisamente esos son algunos de los beneficios operacionales que la Cancillería atribuye a la participación chilena. Sin embargo, sería insuficiente analizar el Escudo exclusivamente desde la seguridad.
La iniciativa incorpora dimensiones económicas relacionadas con inversiones, infraestructura y recursos estratégicos. De ahí que sean comprensibles las aprensiones respecto de sus eventuales alcances sobre la autonomía económica de Chile, particularmente en un escenario de creciente competencia entre grandes potencias. Tampoco parece posible analizar esta iniciativa completamente desagregada de la actual estrategia estadounidense hacia el hemisferio.
La National Defense Strategy 2026 de Estados Unidos establece explícitamente el denominado “Trump Corollary to the Monroe Doctrine”, orientación que busca reafirmar la primacía estadounidense en el hemisferio occidental, asegurar acceso a espacios considerados estratégicos e impedir que adversarios posicionen capacidades que Washington considere amenazantes. Por ello, más allá de las interpretaciones políticas, Chile necesita observar este escenario con prudencia estratégica. Estados Unidos es un socio relevante para nuestro país, pero define su política exterior conforme a sus propios intereses nacionales. Chile debe hacer exactamente lo mismo. Esto exige también cierta madurez en nuestra deliberación pública interna.
Por mandato constitucional, la conducción de las relaciones exteriores corresponde al Presidente de la República, quien tiene la atribución exclusiva de conducir las relaciones políticas con los Estados, las potencias extranjeras y organismos internacionales. Esto en ningún caso excluye la fiscalización democrática ni la legítima deliberación del Congreso, la academia, especialistas o la sociedad civil. Pero sí obliga a distinguir entre fiscalizar una decisión de política exterior y convertir cada diferencia en una controversia que pueda terminar debilitando la posición estratégica del propio Estado.
Más aún cuando, según ha informado oficialmente la Cancillería, el Escudo constituye un marco de coordinación voluntaria entre gobiernos, en el cual cada Estado actúa conforme a su legislación nacional y los tratados vigentes. Las dudas respecto de sus alcances deben formularse. Pero precisamente porque estamos hablando de intereses permanentes del Estado, corresponde hacerlo con profundidad, información y mediante los canales institucionales pertinentes. El problema de fondo, entonces, no es simplemente estar a favor o en contra del Escudo de las Américas. Es determinar cuáles son los intereses de Chile.
En un sistema internacional crecientemente tensionado, nuestro país necesita preservar autonomía estratégica. No como sinónimo de neutralidad, aislamiento o equidistancia entre potencias, sino como capacidad efectiva para tomar decisiones conforme a nuestros propios intereses. Esto requiere diversificar mercados y fuentes de inversión; reducir dependencias excesivas; fortalecer infraestructura crítica, puertos, energía, telecomunicaciones y cadenas logísticas; desarrollar capacidades tecnológicas propias y preservar relaciones económicas abiertas con diferentes regiones del mundo. Chile no debe verse obligado a escoger innecesariamente entre sus vínculos políticos, comerciales y estratégicos cuando estos puedan coexistir conforme al derecho internacional y nuestros intereses nacionales.
El Global Risk Report 2026 ayuda precisamente a comprender por qué esta discusión excede la contingencia. En un mundo donde tensiones geopolíticas, fragmentación económica, escasez de recursos, desinformación y debilitamiento institucional pueden retroalimentarse, la prospectiva deja de ser un ejercicio académico para transformarse en una capacidad fundamental del Estado. Necesitamos capacidades técnicas para interpretar escenarios; políticas para construir acuerdos nacionales; diplomáticas para preservar márgenes de maniobra; operativas para proteger infraestructura crítica; económicas para diversificar nuestras dependencias y prospectivas para anticipar riesgos antes de que se transformen en crisis. Quizás aquí esté la discusión verdaderamente relevante que deja abierta el Escudo de las Américas.
Chile requiere con urgencia una estrategia nacional de política exterior y seguridad que defina sus propios propósitos, intereses, capacidades y límites, coherente con nuestros valores democráticos, el derecho internacional y los principios y valores permanentes de nuestra política exterior. Una estrategia de Estado, no simplemente de gobierno. Capaz de sobrevivir a los ciclos electorales y de entregar continuidad frente a un sistema internacional crecientemente incierto. Las grandes potencias están definiendo con claridad sus intereses para el mundo que viene. Chile también necesita definir los suyos. Porque autonomía estratégica no significa alejarnos del mundo. Significa algo bastante más importante: cooperar cuando nuestros intereses convergen, diversificar cuando aparecen dependencias y disponer siempre de las capacidades, la prospectiva y la libertad necesarias para establecer nuestros propios límites y preservar nuestra soberanía.
* Augusto Parra Ahumada, ingeniero Comercial, Postítulo en Ciencias Políticas UdeC
