Chile enfrenta una emergencia laboral que comienza a adquirir rasgos persistentes. La tasa de desocupación alcanzó 9,5%, la informalidad se aproxima al 27% y el Banco Central advierte destrucción de puestos de trabajo, particularmente en el segmento formal. A ello se agrega una economía que durante 2026 perdió dinamismo: el último IPoM redujo la proyección de crecimiento a un rango de 0,25% a 0,75%.
Frente al carácter evidentemente estructural del desempleo y la informalidad, adquiere singular importancia comenzar a desplazar la discusión desde los paliativos hacia las causas estructurales del problema. Los programas transitorios de empleo pueden resultar necesarios frente a una contingencia, pero difícilmente resolverán una debilidad que se ha prolongado durante años. La pregunta relevante para la política pública debiera ser entonces, ¿qué factores están dificultando que nuestra economía vuelva a crear empleo formal?
No existe una respuesta monocausal. Crecimiento, inversión, productividad, demanda interna, expectativas y cambio tecnológico importan. Pero también importa cuánto cuesta contratar. El Banco Central ha señalado expresamente que parte del débil desempeño laboral posterior a la pandemia responde al importante incremento de los costos laborales de los últimos años, al que se agregan automatización y, recientemente, factores cíclicos asociados a la debilidad de la demanda interna. Los datos del Índice de Costos Laborales refuerzan esta preocupación. En julio de 2026, el ICL aumentó 8,7% en doce meses, mientras el costo laboral medio por hora total creció 9,2%. Las remuneraciones nominales, en tanto, aumentaron 7,8%.
La trayectoria resulta especialmente relevante cuando observamos el período 2022-2026. Durante 2022, el incremento nominal de los costos laborales convivió con una inflación extraordinariamente elevada. Desde 2023, en cambio, la inflación comenzó a retroceder mientras los costos laborales mantuvieron un crecimiento sostenido alcanzando un 24,5% acumulado entre 2023 y 2025. El problema dejó entonces de ser exclusivamente nominal y comenzó a instalar una discusión más profunda sobre el costo real del trabajo, la productividad y la capacidad de las empresas para seguir contratando.
John Kingdon sostiene que a la formación de políticas públicas concurren tres flujos que mantienen cierta independencia, un problema, soluciones de política y una decisión política propiamente tal. Cuando estos convergen se abre una policy window, una ventana de oportunidad, en la cual determinadas alternativas pueden ingresar a la agenda decisional. La oportunidad, por tanto, condiciona de manera determinante una buena política pública y forma parte de las condiciones que permiten que esta produzca los resultados esperados. La ventana de oportunidad está inherentemente asociada a una dimensión económica, junto con las ventanas de oportunidad política, existen también ventanas de capacidad económicas insoslayables.
La reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo o el fortalecimiento de la protección social pueden responder a propósitos legítimos. Pero reconocer la legitimidad de un objetivo no nos exime de evaluar su oportunidad, gradualidad, interacción con otras regulaciones y efectos acumulativos. No produce necesariamente las mismas consecuencias incrementar costos laborales en el contexto de una economía con alta inversión, productividad creciente y pleno dinamismo del empleo que hacerlo cuando el crecimiento se debilita y la creación de puestos formales presenta dificultades.
Ése es precisamente el desafío de gobernar. Las políticas públicas no sólo deben ser socialmente deseables; necesitan ser técnicamente viables, económicamente sostenibles y oportunamente implementadas. Existe además un problema de arquitectura regulatoria. El legislador normalmente observa cada proyecto por separado, mientras una empresa recibe simultáneamente el efecto acumulativo de salarios, cotizaciones, jornada, cumplimiento normativo y otras obligaciones. Individualmente, cada modificación puede parecer absorbible; agregadas y concentradas temporalmente, pueden modificar el costo marginal de contratar.
Y ese impacto no siempre termina en un despido. Puede expresarse de manera mucho menos visible: en una vacante que no se abre, una inversión que incorpora mayor automatización o una pequeña empresa que posterga indefinidamente una contratación o un plan de expansión o desarrollo. Por ello necesitamos avanzar desde una cultura centrada en producir regulaciones, hacia otra orientada a evaluar su calidad. Chile ya dispone de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). El instructivo presidencial de 2022 actualizó el sistema e incorporó exigencias para modificaciones relevantes a proyectos del Ejecutivo. La OCDE reconoce estos avances, incluida la publicación de evaluaciones, pero su experiencia comparada muestra también la importancia de fortalecer la evaluación sistemática de impactos.
Es preciso discutir una mayor densidad institucional del AIR y su incorporación efectiva al control prelegislativo obligatorio. Siempre considerando una mayor independencia técnica en el proceso de evaluación, para aportar objetividad e imparcialidad. Y por que no sin descartar elevar el AIR a rango constitucional. Un AIR robusto debería preguntarse anticipadamente por los efectos de una iniciativa sobre empleo, inversión, productividad, MiPymes, informalidad, competencia y costos acumulativos; pero también incorporar algo que frecuentemente olvidamos, el momento del ciclo económico en que pretendemos implementarla. No se trata de paralizar al Estado ni de enfrentar derechos sociales con crecimiento. Precisamente lo contrario. Se trata de construir un Estado con capacidades suficientes para hacer sostenibles sus decisiones.
La administración pública moderna debe ser capaz de anticipar, medir, evaluar y corregir. Pasar en el ideal de Harari, de la intuición a la precisión. Y También de reconocer que una política legítima puede requerir gradualidad y que una buena reforma puede necesitar una mejor oportunidad. Porque legislar responsablemente no consiste sólo en aprobar buenas intenciones. Consiste en hacerse cargo, también, de sus resultados. Cuidar y proyectar la democracia liberal, requiere aportar evidencia, responsabilidad y efectividad a las decisiones que adopta, para recuperar confianza ciudadana y legitimidad en su ejercicio.
* Augusto Parra Ahumada, ingeniero comercial, postítulo en Ciencias Políticas UdeC
